Durante el presente mes de febrero, el equipo de profesionales del Programa “Saneamiento de la tierra y gestión para la administración y enajenación de inmuebles fiscales subterritorio de Mamiña” de la Seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá, se desplegó por la localidad de Macaya, recabando información de 62 inmuebles, donde se aplicaron fichas territoriales para obtener antecedentes socioeconómicos, jurídicos y antropológicos, además de mensuras que, una vez analizados, permitirán abordar de manera integral la normalización y regularización de este territorio.
Esta primera etapa del trabajo en terreno, que inició el 6 de febrero con una reunión con los dirigentes de las juntas de vecinos y las comunidades de los pueblos indígenas, continuará la segunda quincena de marzo, dado que se suspendió a raíz de las fuertes lluvias en el interior.
“Quisimos llegar a los habitantes del Tamarugal, que nos habían planteado la necesidad de regularizar su propiedad. A través de este programa tendrán certeza jurídica del territorio que habitan y podrán acceder a la oferta programática del Gobierno”, expresó el seremi Osvaldo Ardiles.
Este programa, forma parte de una iniciativa de la Seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá, la que se ejecuta a través de un convenio de transferencia del Gobierno Regional de Tarapacá por $373 millones. Dentro de sus principales objetivos se considera levantar la demanda de casos para la regularización y gestionar de planos individuales para la administración o enajenación de bienes. Cabe señalar que el documento es fundamental, ya que permite su inscripción en entidades como el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), los municipios, entre otros.
El programa, que se extenderá por veinte meses, atenderá una población potencial de 600 personas, un 80% perteneciente a pueblos originarios, un 60% en situación de vulnerabilidad socioeconómica, un 50% son mujeres y un 20% son adultos mayores.
El subterritorio de Mamiña, está compuesto por las localidades de Mamiña, Macaya, Parca, Iquiuca, Noasa y Quipisca, las cuales están caracterizadas por ocupaciones irregulares nuevas y de larga data, tanto en terrenos fiscales como particulares. Estas condiciones generan incertidumbre social y jurídica para las personas, ya que no pueden acceder a los programas de apoyo social del Estado.
