Durante la mañana de este miércoles recién pasado, efectivos de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigación (PDI) llegaron hasta las dependencias del Gobierno Regional de Arica con el objetivo de incautar elementos tecnológicos y documentación relacionada con los convenios suscritos con tres fundaciones que están siendo indagados por el Ministerio Público.
Según una publicación de La Tercera, la diligencia se realizó tras una solicitud de entrada y registro realizada por la Fiscalía de Copiapó. Sin embargo, desde la Gobernación indicaron que no se trató de un allanamiento, si no que de una “solicitud de entrega de información de manera voluntaria, con el fin de indagar a una institución que tiene convenios con servicios públicos del país”.
En detalle, la investigación se centra en los traspasos que realizó la gobernación, encabezada por Jorge Díaz, a la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones ($ 1.299.354.000), a la Fundación Conecta Tea ( $ 357.500.000) y Fundación Valcar ( $ 287.250.000).
LAS FUNDACIONES
La primera mencionada (Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones) tiene como objetivo la materialización de los programas de emprendimiento para personas en condición de vulnerabilidad o pobreza, y está siendo investigada, ya que es bastante poco lo que se sabe de la entidad y la ejecución de sus proyectos.
Por otra parte, los cuestionamientos sobre Conecta Tea dicen relación con los programas que debían entregar especialmente a niños y niñas con trastornos del espectro autista de forma gratuita. Sin embargo, la fundación habría cobrado a las familias para su atención.
En tanto, las sospechas sobre el trato con Valcar, surgieron a raíz del carácter que tenía el proyecto a financiar, pues a pesar de que se trata de una entidad ligada al deporte, se comprometían a realizar un “levantamiento información respecto de la situación delictual e incivilidades en la Región Arica y Parinacota”.
