Este jueves el parlamento español aprobó dos leyes que beneficiarían a los adolescentes a partir de los 16 años a interrumpir su embarazo sin autorización parental o cambiar de sexo sin un informe médico o psicológico.
Después de superar diversas discrepancias internas en el gobierno de izquierda y el rechazo de la derecha opositora, salieron adelante ambas leyes, aunque con parte del movimiento feminista en contra, en el tema de cambio de sexo.
Esta nueva ley termina con la necesidad de contar con el consentimiento de los padres de los adolescentes de 16 y 17 años, ya que en ese país la mayoría de edad se cumple a los 18. Esta legislación permitirá abortar durante las primeras 14 semanas de gestación, y establece un registro de objetores de conciencia para el personal de salud, además, elimina la obligación de informar a la mujer sobre ayudas a la maternidad y el plazo de reflexión de tres días antes de la intervención.
Otra de las consideraciones de esta ley es que por primera vez reconoce el derecho a las mujeres a una “baja laboral por una menstruación dolorosa e incapacitante”. También propone combatir la pobreza menstrual, es decir, postula por la gratuidad de productos de higiene menstrual como tampones, compresas o copas menstruales en lugares como centros educativos, la prisión y centros sociales para mujeres vulnerables.
La otra ley, conocida como ley trans, también tuvo que superar discrepancias entre los adherentes del gobierno (partido socialista PSOE y la formación de izquierda Unidas Podemos), esto por las diferencias de criterios sobre los menores de edad y la autodeterminación de género.
Finalmente, la nueva ley, considera la voluntad de la persona desde los 16 años como el único requisito para cambiar de sexo en el registro y agrega varios avances para la comunidad LGTBI. Así se elimina el tratamiento hormonal obligatorio, las evaluaciones psicológicas y médicas como los requisitos para que los solicitantes invoquen el cambio de sexo en el Registro Civil.
