La Sala de la Cámara ha despachado al Senado el proyecto de ley que establece obligaciones y requisitos para la construcción de edificaciones en suelos colapsables. Este proyecto, que fue devuelto a la Comisión de Vivienda tras su aprobación general el pasado 10 de junio, ha generado un intenso debate entre los parlamentarios sobre su efectividad.
En el contexto del debate, los legisladores discutieron la importancia de contar con un marco normativo integral para la construcción y reparación de viviendas en suelos colapsables. Sin embargo, la controversia principal se centró en la efectividad de la ley. Mientras que el oficialismo destacó el proceso de construcción y la reubicación de las familias afectadas, la oposición criticó la falta de financiamiento asignado para las nuevas funciones establecidas. Según los opositores, esto debilita el compromiso tanto de los municipios como del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para implementar la normativa.
Un punto crucial en la discusión fue la modificación rechazada que proponía considerar los terrenos de dunas o humedales como no edificables. Esta decisión ha sido vista como una oportunidad perdida para proteger estos suelos frágiles y evitar futuros desastres.
La diputada Danisa Astudillo (PS) informó sobre el texto en la Sala, y otros diputados como Renzo Trisotti (IND), Francisco Pulgar (IND), Matías Ramírez (PC) y Andrés Celis (RN) también participaron activamente en el debate. A pesar de las divergencias, la propuesta busca regular la construcción en suelos susceptibles de colapsar para evitar riesgos a la vida e integridad física de las personas y proteger sus bienes, así como los bienes del Estado.
La ley declara de utilidad pública la protección de la población en casos de viviendas irreparables o inhabitables por efecto de socavones. Sin embargo, la determinación de la condición de suelo colapsable dependerá de estudios de mecánica de suelo realizados por profesionales, conforme a normas técnicas chilenas o extranjeras aplicables. La aprobación de esta ley, aunque necesaria, deja abiertas varias interrogantes sobre su implementación efectiva y la protección real de las comunidades afectadas por suelos inestables.
