A través de un documento oficial del Ministerio de Gobierno, el Ejecutivo altiplánico aseguró contar con peritajes científicos que descartan la presencia de droga en la carga retenida. En paralelo, el Ministerio Público chileno optó por el silencio institucional y confirmó que las diligencias siguen activas.
El caso de las maderas impregnadas con cocaína detectadas en el puerto de Arica entra en una etapa de alta tensión técnica y diplomática. Mediante un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Gobierno de Bolivia, las autoridades de ese país mostraron supuestas pruebas científicas para demostrar que la madera incautada no presentaba ningún tipo de impregnación con drogas.
Según el informe emanado desde La Paz, laboratorios especializados de Chile y Brasil habrían concluido que los camiones transportaban mercancía completamente lícita, lo que motivó al Ejecutivo boliviano a exigir la liberación inmediata de toda la flota pesada varada en los controles aduaneros.
La difusión de estos antecedentes busca limpiar la reputación de la industria maderera boliviana, un sector que genera miles de empleos y que se vio fuertemente golpeado por las acusaciones iniciales de contrabando a gran escala. Sin embargo, la respuesta desde el lado chileno no tardó en llegar, aunque con un tono de absoluta cautela procesal.
La Unidad de Comunicaciones de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota salió al paso de las declaraciones del país vecino, emitiendo un comunicado de prensa directo que pone paños fríos a la supuesta resolución del conflicto.
La Fiscalía de Arica mantiene la causa abierta y opta por el silencio
A pesar de la presión ejercida por las autoridades gubernamentales de Bolivia, el Ministerio Público en Chile no da el brazo a torcer ni asume un cierre del caso. En su declaración oficial, la Fiscalía de Arica y Parinacota informó de manera tajante que, respecto de la causa de maderas impregnadas con droga, mantiene esta investigación en calidad de vigente y con diligencias en curso.
Con esto, la persecución penal descarta que el proceso esté sobreseído o terminado, confirmando que los equipos policiales especializados siguen recopilando evidencias en la zona portuaria y fronteriza.
Frente a la contraofensiva comunicacional y los peritajes expuestos por el gobierno altiplánico, el ente persecutor chileno decidió atrancarse en el secreto sumario para resguardar el éxito de las pesquisas. El comunicado institucional cerró la puerta a cualquier debate público al señalar de forma explícita que, en este contexto, no habrá un pronunciamiento de la Fiscalía por ahora.
Esta postura instala un escenario de evidente contradicción entre las certezas científicas que acusa tener el Gobierno de Bolivia y el hermetismo judicial con el que trabaja la Fiscalía local.
Presión diplomática por daños económicos y reputacionales
La molestia en los pasillos gubernamentales de La Paz persiste. Al dar por válidas sus supuestas pruebas de laboratorio, el Ministerio de Gobierno boliviano adelantó que, en un trabajo coordinado con su Cancillería, solicitará explicaciones formales al fiscal chileno que intervino inicialmente en el procedimiento.
La intención de las autoridades del país vecino es activar mecanismos internacionales para buscar el resarcimiento económico de los severos perjuicios ocasionados tanto a las empresas exportadoras como a los choferes que pasaron días retenidos en los complejos aduaneros.
El desenlace de esta pugna quedó congelado a la espera de los resultados de las diligencias que la fiscalía chilena mantiene bajo estricta reserva.
Mientras los gremios de transportistas intentan destrabar el paso de sus máquinas basándose en el documento del Ministerio de Gobierno de Bolivia, el caso judicial sigue sumando páginas en los tribunales de Arica, transformando un operativo de drogas de rutina en un complejo gallito fronterizo que promete nuevos capítulos.
