Un lapidario diagnóstico de la futura Política Regional de Recursos Hídricos desnuda la crítica realidad del norte: megaobras sin impacto real, falta de fiscalización ante extracciones ilegales y una Dirección General de Aguas que opera con datos desactualizados. «Estamos tomando decisiones a ciegas», advierten los consejeros.
Lo que debió ser la solución definitiva para los agricultores del extremo norte se ha transformado en una interrogante presupuestaria y social. El primer informe de la Política Regional de Recursos Hídricos, presentado ante el Consejo Regional (CORE) de Arica y Parinacota, ha encendido todas las alarmas al confirmar que la gestión del agua en la zona enfrenta una crisis de planificación y fiscalización sin precedentes.
El diagnóstico, liderado por el director del estudio Manuel Jara, es el primero de cinco entregables que buscan trazar la hoja de ruta hídrica para los próximos 30 años, pero sus conclusiones iniciales son desalentadoras para los valles de Lluta y Azapa.
Chironta: Una inversión millonaria bajo sospecha
El Embalse Chironta, presentado en su inauguración como la obra de infraestructura hídrica más importante de las últimas décadas para el Valle de Lluta, hoy es objeto de duras críticas. La consejera regional Lorena Ventura fue tajante al señalar que la megaobra «no tiene el impacto que debieran percibir los agricultores«, sugiriendo que la brecha entre la inversión pública y el beneficio real en el territorio es alarmante.
El «agujero negro» de Azapa: Pozos ilegales y salinización
Si en Lluta el problema es la infraestructura, en el Valle de Azapa la crisis es de legalidad y control. El informe detectó la inexistencia de un catastro actualizado de pozos ilegales, una omisión que está drenando directamente la disponibilidad de agua en la cuenca del río San José.
El consejero Carlos Ojeda advirtió que esta falta de fiscalización ha provocado una merma considerable del recurso. A este escenario se suma la intrusión salina y la sobreexplotación, configurando una paradoja territorial: mientras en la cordillera las reservas se mantienen, en los valles productivos los niveles descienden drásticamente debido al consumo intensivo y la expansión agrícola desregulada.
Decisiones «a ciegas» por falta de datos
Uno de los puntos más preocupantes del informe apunta a la Dirección General de Aguas (DGA). El estudio revela una lentitud crítica en la actualización de información técnica, lo que obliga a las autoridades a tomar decisiones estratégicas basadas en datos incompletos o desfasados.
Además, el diagnóstico subrayó la fragmentación de la gestión:
- Aguas grises: No existen plantas de tratamiento para su reutilización.
- Información: Existen profundas brechas de conocimiento sobre el estado real de las napas subterráneas.
- Seguridad hídrica: La falta de coordinación institucional pone en riesgo el abastecimiento urbano y productivo a largo plazo.
Un desafío a 30 años
La futura Política Regional de Recursos Hídricos pretende ordenar este caos administrativo. Sin embargo, el informe deja una pregunta abierta para la comunidad: ¿llegará la acción antes que la crisis se vuelva irreversible? En una región donde el agua es sinónimo de sobrevivencia, el tiempo corre en contra de la planificación técnica.
