Luego de que la Policía Nacional del Perú capturara a Ricardo Vargas Pizarro en la frontera con Tacna en el marco del operativo «Impacto 2026», el jefe comunal ariqueño rompió el silencio mediante una declaración pública. Aunque reconoció el duro golpe familiar, aclaró que respetará los fallos de los tribunales peruanos y pidió responsabilidad para no afectar a su entorno.
Un duro remezón judicial y político sacude a la Municipalidad de Arica. Este martes 18 de agosto, la Policía Nacional del Perú (PNP) arrestó en el Complejo Fronterizo Santa Rosa al comerciante chileno Ricardo Vargas Pizarro, hermano del actual alcalde de Arica, Orlando Vargas Pizarro. La detención ocurrió durante el operativo «Impacto 2026», en el cual la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Tacna imputa al sospechoso por el delito de tráfico ilícito de migrantes agravado.
Las investigaciones preliminares de la fiscalía peruana vinculan a Vargas con una supuesta organización criminal denominada «Los coyotes de La Concordia».
Maniobra en la garita: pasajeros ocultos y soborno a guardia fronterizo
El procedimiento se activó cuando Ricardo Vargas conducía un vehículo jeep blanco desde Arica hacia Tacna. Aunque en la declaración inicial ante el control migratorio figuraba como único ocupante, los agentes policiales descubrieron al interior del automóvil a dos ciudadanos venezolanos y a un menor de 7 años de nacionalidad peruana.
De acuerdo al reporte oficial de la fiscalía peruana, los pasajeros habrían descendido antes de la garita para eludir la fiscalización. Acto seguido, uno de los adultos le pagó 30.000 pesos chilenos al guardia de seguridad del recinto, Herbert Mamani Pacci (41), para que les permitiera cruzar directamente por la zona de equipajes sin registrar su salida formal de Chile ni su ingreso a Perú.
Tras retomar la marcha, efectivos de la PNP interceptaron el vehículo en la garita y confirmaron con personal de Migraciones la falta de registros. Tras las confesiones de los involucrados sobre el pago indebido, la policía procedió al arresto inmediato de Vargas y del vigilante peruano, a quien le incautaron en sus pertenencias el dinero en efectivo recabado.
No es el primer antecedente penal que involucra a Ricardo Vargas. En 2018 ya había sido detenido en Iquique mientras transportaba más de dos kilos de cocaína a bordo del mismo vehículo jeep, caso por el cual resultó condenado por tráfico ilícito de estupefacientes.
El descargo de Orlando Vargas: «Acataré las sanciones que la justicia determine»
La detención de su hermano obligó al alcalde de Arica, Orlando Vargas Pizarro, a romper el silencio y emitir un comunicado público oficial. El jefe comunal reconoció el impacto directo de la noticia, señalando que la situación «nos afecta profundamente desde el punto de vista humano y familiar».
Pese a la cercanía del vínculo, el edil remarcó una postura estricta frente al caso y al avance de las investigaciones en el país vecino: «En mi calidad de autoridad pública, de comprobarse algún tipo de delito por parte de mi hermano, mi actitud será la de acatar las sanciones que la justicia peruana determine».
Asimismo, Vargas defendió su trayectoria en la función pública, recordando su paso por el Congreso Nacional: «Como alcalde y antes como diputado, siempre he actuado en conformidad al respeto irrestricto de las leyes y las buenas prácticas y nada, ni siquiera una situación que me afecta en lo personal, me hará desviarme de ese camino».
Finalmente, la autoridad municipal apeló al resguardo del entorno familiar ante la exposición pública del caso: «Por respeto a la familia, especialmente a los adultos mayores y niños que la integran, hago un llamado a abordar esta situación con responsabilidad, prudencia y respeto, evitando especulaciones o juicios anticipados que puedan afectar injustamente a personas que no tienen ninguna relación con los hechos».
La Fiscalía Especializada de Tacna mantiene en marcha las diligencias urgentes e inaplazables para resolver la situación jurídica de Ricardo Vargas y determinar si se solicitarán medidas coercitivas de prisión preventiva.
