La medida, que responde a un ajuste fiscal transversal del 3%, golpea el financiamiento del Plan Nacional contra el Crimen Organizado, Barrios Prioritarios y el presupuesto operativo de Carabineros y la PDI.
En medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país, el Ministerio de Seguridad confirmó un drástico ajuste presupuestario que asciende a cerca de $72 mil millones para el presente año. La decisión se enmarca en la instrucción del Ejecutivo de aplicar un recorte del 3% a todas las carteras de Estado, impactando directamente en programas emblemáticos y asignaciones policiales.
La ministra Trinidad Steinert y el subsecretario Andrés Jouannet detallaron ante el Congreso el alcance de estas disminuciones, las cuales tocan puntos neurálgicos de la estrategia contra la delincuencia:
Programas bajo la lupa
El recorte no discriminó entre las iniciativas más visibles del Gobierno:
- Plan Calles sin Violencia: Sufrirá una baja de $1.787 millones, afectando principalmente convenios con las policías.
- Barrios Prioritarios: Perderá $3.525 millones correspondientes a acuerdos con el Ministerio de las Culturas.
- Plan Nacional contra el Crimen Organizado: Verá reducido su financiamiento en $583 millones.
- Ajuste Judicial: Se suma una reducción de $10 mil millones en ítems judiciales.
Impacto en Carabineros y PDI
Las policías también deberán «apretarse el cinturón» con recortes que suman miles de millones en áreas operativas y de recursos humanos:
- Carabineros de Chile: Enfrentará una disminución de $11.000 millones en gasto de personal y $4.700 millones en bienes y servicios.
- Policía de Investigaciones (PDI): Verá reducido su presupuesto en $16.669 millones, junto a un recorte adicional de $13.266 millones en el ítem de personal.
La defensa del Ejecutivo
Pese a la magnitud de las cifras, el subsecretario Jouannet intentó poner paños fríos a la situación, enfatizando que los ajustes fueron diseñados para evitar impactos en funciones sensibles. Según la autoridad, los recortes apuntan a convenios específicos y reasignaciones internas, descartando —en el papel— efectos directos en la operatividad diaria de las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Sin embargo, la noticia ya genera preocupación en diversos sectores, quienes cuestionan la oportunidad de un recorte de esta envergadura en momentos donde la ciudadanía demanda mayor presencia y recursos para el combate al delito.
