La Contraloría Regional de Tarapacá acogió una denuncia presentada por el abogado Enzo Morales Norambuena, cuestionando el actuar de integrantes del Consejo Regional (CORE). El organismo de control determinó que el Gobierno Regional debe adoptar medidas para prevenir conflictos de interés, tras detectar que diversas autoridades no habrían declarado sus vínculos laborales ni se habrían abstenido de votar proyectos que benefician a sus empleadores.
De acuerdo al oficio oficial, los consejeros Lautaro Lobos Lara, Hugo Estica Esteban y Giovanna Trincado Avilés mantienen contratos vigentes con la Municipalidad de Iquique, la Corporación Municipal de Pozo Almonte y la Municipalidad de Alto Hospicio. Sin embargo, estas actividades no fueron informadas en sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP) al asumir sus cargos en enero de 2025, lo que constituye una omisión administrativa.
VÍNCULOS LABORALES Y OMISIÓN DE INFORMACIÓN
La Contraloría Regional de Tarapacá precisó que “se constató que los señores Lautaro Lobos Lara, Hugo Estica Esteban y la señora Giovanna Trincado Avilés, mantienen un vínculo laboral vigente con la Municipalidad de Iquique, la Corporación Municipal de Pozo Almonte y la Municipalidad de Alto Hospicio, respectivamente”. El organismo añadió que estas labores “no fueron informadas por los citados consejeros regionales en sus DIP de ingreso al cargo”.
La fiscalización también busca esclarecer la participación de estos consejeros en sesiones donde se aprobaron recursos para las mismas instituciones donde desempeñan funciones. Sobre este punto, la Contraloría Regional de Tarapacá manifestó que “corresponde que ese Gobierno Regional adopte las medidas necesarias a fin de prevenir la configuración de conflictos de intereses en que pudieran incidir los referidos consejeros regionales”.
MEDIDAS DISCIPLINARIAS EN CURSO
Tras la confirmación de los hechos, el ente regulador ordenó al Gobierno Regional de Tarapacá implementar mecanismos estrictos para evitar que los integrantes del CORE participen en decisiones donde tengan un interés personal o laboral. La situación de los implicados está siendo analizada por el Departamento de Evolución Patrimonial para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes.
Finalmente, el ente fiscalizador subrayó que la probidad es un pilar fundamental para el ejercicio de cargos de elección popular. Con este pronunciamiento, obtenido tras la denuncia del abogado Enzo Morales, se espera que el Consejo Regional ajuste sus protocolos internos para asegurar que los recursos de los tarapaqueños no sean asignados bajo conflictos de interés que afecten la transparencia pública.
