
El valle de Azapa está siendo azotado por el crimen organizado, con extorsiones, amenazas y asaltos contra comerciantes y trabajadores agrícolas. Los afectados denuncian que se les cobra peajes ilegales de $10-15 mil por camión en Arica y Cerro Chuño, y que también se cobra a los jornaleros $3-5 mil en el paradero 32.
Además, se han registrado amenazas con granadas vía WhatsApp a comerciantes, y un trabajador agrícola fue víctima de un robo de $1,2 millones. Ante esta situación, la Fiscalía se ha comprometido a investigar y perseguir a los responsables.
El senador José Miguel Durana se reunió con los afectados y los fiscales regionales para abordar la situación y buscar soluciones. Durana afirmó que «lamentablemente, el crimen organizado ha llegado a Azapa, donde se han registrado extorsiones, amenazas y asaltos contra vecinos y agricultores».
Para abordar la situación, se ha establecido un plan de acción que incluye patrullaje reforzado y una mesa de trabajo entre la Fiscalía y los gremios afectados. La seguridad es ahora el insumo agrícola más urgente en el valle de Azapa, y las autoridades están trabajando para proteger a los habitantes y restaurar la tranquilidad en la zona.
Los afectados han expresado su temor y preocupación por la situación, y algunos han optado por no abrir sus negocios o trabajar con media puerta abierta por miedo a represalias. La situación es grave y requiere una acción inmediata y efectiva para proteger a los habitantes y la economía local.