La Corte Suprema programó para el próximo lunes 7 de abril la audiencia donde se resolverá el desafuero de la diputada Catalina Pérez, quien es investigada actualmente por su presunta participación en el caso Democracia Viva.
El Ministerio Público la acusa de “dirigir” la organización que obtuvo un convenio de más de $400 millones, visado por la Seremi de Vivienda de Antofagasta, en ese entonces, dirigida por Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la parlamentaria.
Fue una decisión unánime de los cinco ministros del Tribunal Pleno de dicha corte, los que consideraron que existen antecedentes suficientes para acoger la solicitud de desafuero del Ministerio Público y dar lugar a la formación de causa.
“Junto a los vínculos de la diputada Pérez con los suscriptores de los convenios y su posición de poder político y laboral respecto de estos, existen elementos de investigación objetivos que hacen plausible la afirmación de que conoció su suscripción”, indica el fallo.
En éste también agregan que,“participó en la recolección de antecedentes necesarios para su realización, sabiendo que la fundación no reunía los requisitos básicos para ser beneficiada”.
De todas formas, la defensa argumentó que la resolución “no se sustenta y no cumple con estándares jurídicos. Esto no es una condena. Jamás se ha resuelto un desafuero en el lapso de tres horas”.
Cabe recordar que Pérez acudió al máximo tribunal tras el fracaso que obtuvo ante la Corte de Apelaciones en su intento por revertir su inminente desafuero que, en el caso de confirmarse en abril, la fiscalía podrá formalizar y solicitar cautelares en contra de la diputada.
Sin embargo, en las últimas semanas han surgido nuevas pruebas que podrían comprometer a Pérez: conversaciones filtradas que revelan que la diputada discutió estrategias con Daniel Andrade, su expareja y fundador de Democracia Viva, para manejar la crisis comunicacional tras la revelación del caso. En estos chats, incluso, sugiere medidas para aparentar que la fundación operaba regularmente.
Finalmente, la audiencia se realizará a las 14:00 horas y, si el desafuero es confirmado, la Fiscalía podrá formalizar a la diputada y solicitar medidas cautelares en su contra.
