Visado por la Comisión de Relaciones Exteriores, la Cámara Alta aprobó el convenio que establece y regular el régimen de infracciones y sanciones aplicable al servicio de transporte de pasajeros por carretera entre Tacna y Arica.
Ante ello, el senador José Miguel Durana explicó que el tráfico de pasajeros entre ambas ciudades fronterizas es intenso cada día más y, por ello Chile y Perú acordaron suscribir este convenio que, ahora, deberá ser promulgado y publicado por ambos gobiernos para que entre en vigencia.
“El tráfico de pasajeros entre ambas ciudades ha crecido de forma impresionante (…) Este acuerdo no solo busca regular el servicio, sino también poner en marcha un régimen de infracciones y sanciones para aquellos que no cumplan con las normativas», sostuvo el parlamentario.
Las sanciones incluyen multas que van desde los 100 a los 1,000 dólares, dependiendo de la gravedad de la infracción, y se pagarán en la moneda local del país donde se cometa la infracción. Este sistema no solo está diseñado para regular el transporte, sino también para fortalecer la seguridad fronteriza y combatir el crimen organizado.
“Según lo informado por Cancillería, no existen acuerdos similares en otras regiones y países fronterizos como este e independiente de las normas específicas del acuerdo, lo que se busca es garantizar el estándar del servicio prestado, pero obviamente también rige la ley del tránsito vigente”, afirmó Durana.
En detalle, la iniciativa tipifica un listado de infracciones y sanciones en el marco del Convenio de Transporte de Pasajeros entre Tacna y Arica, las cuales se clasifican en gravísimas, graves, medias y leves.
En la determinación de la sanción se establece la ponderación debida de atenuantes, así como las circunstancias en que el hecho ha acaecido, en el marco de un proceso donde el transportista posee una etapa procesal para hacer sus descargos y presentar evidencia.
CONSIDERACIONES
En primera instancia se considera que existirán múltiples beneficios para el país, destacando el fortalecimiento de la seguridad fronteriza y nacional, permitiendo que ambos países refuercen la vigilancia y el control de fronteras, disminuyendo el tráfico de drogas y el ingreso ilegal de personas.
En segundo lugar, facilita la colaboración entre fuerzas de seguridad, optimizando el flujo de información sobre actividades delictivas, y permitiendo detectar y prevenir actividades criminales, siendo más fácil interceptar y desarticular redes que operan entre ambos países.
Y, en tercer lugar, puede significar un impacto positivo en la reducción del crimen organizado entre ambos países, dado que una respuesta coordinada tendrá mayor impacto en las infracciones y sanciones.
Fuente: Senado de la República de Chile
