Hasta la oficina parlamentaria del senador José Miguel Durana acudieron, la mañana de este viernes, los dirigentes de los tres sindicatos de la compañía minera Quibórax y representantes de los transportistas externos, expresando su desazón por la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta de no permitirles el traslado de 400 mil toneladas de mineral que ya fue extraída, producida y se encuentra fuera del monumento.
Dicha medida les fue informada el jueves 10 de octubre mediante resolución del Tribunal mediante fojas 3603. Según los dirigentes, es ambicioso que se baje la cautelar solicitada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de paralizar las faenas mineras de Quibórax en el Salar de Surire, por ahora, hasta el 31 de diciembre de 2024, pero necesitan bajar el material para darle continuidad al trabajo que desarrollan en la planta.
Roberto Hernández, presidente del Sindicato de Trabajadores Quiborax manifestó su malestar con la decisión judicial del Tribunal Ambiental de no aceptar la proposición de los trabajadores de bajar el material acopiado en el Salar del Surire, situado en la parte no afectada.
Esto, debido a que el tema judicial puede demorar meses y los trabajadores no pueden esperar que se desarrolle el juicio paralizados.
“Es una irresponsabilidad que no se tome en cuenta la parte social y económica de los operarios de la empresa y de la región, ya que, con esta resolución, la empresa continuará despidiendo gente de la planta, porque sin la materia prima que ya se extrajo y que está acopiada en Surire, no podremos seguir produciendo en la planta”, precisó el dirigente.
Sostuvo que más de 700 transportistas ya que quedaron cesantes por la decisión estatal que, si no se reconsidera, causará un efecto dominó en el desempleo de la empresa y de la región, considerando que se trata de una de las pocas empresas privadas que da trabajo en la región y activa la economía.
Samuel Apaza, presidente del “Sindicato Mina Salar” dijo que tras la visita a terreno que efectuaron los miembros del Tribunal Ambiental se comprobó las condiciones de cómo trabaja la minera y el beneficio empresa-comunidad aymara que se suscita en torno a estas faenas, sin embargo, hoy se sienten menoscabados y abandonados al no permitírseles trabajar con el material acopiado.
“Estamos muy afectados, porque hemos presentado argumentos y escritos de la necesidad de seguir trabajando mientras se desarrolla el juicio, recibimos un portazo del Tribunal Ambiental al no permitirnos la bajada del mineral extraído que nos permitiría seguir dando continuidad a nuestra fuente laboral y a seguir dando vida a los pueblos aledaños”, remarcó.
En este contexto, el dirigente gremial, agregó que toda esta situación les está afectando psicológica y socialmente a los trabajadores y sus familias y que el gobierno, “representado por el delegado presidencial, Ricardo Sanzana llegó demasiado tarde y no con la fuerza que se requiere para revertir esta verdadera debacle”.
La presidenta de los transportistas y de la comunidad ancestral del Salar de Surire, Alicia Gutiérrez, manifestó que esta medida cautelar los tiene de brazos cruzados por lo que están solicitando que el gobierno «se ponga las pilas» y les permita seguir trabajando de manera honesta para aportar en la economía del país.
El senador José Miguel Durana dijo que, como este tema ya está judicializado, puede apoyarlos para que sean recibidos en la Comisión de Minería y Energía del Senado y en la Cámara de Diputados y Diputadas, además de acompañarles en las reuniones que consigan con los ministerios de Minería, Interior, Trabajo, entre otros.
