Vecinos y vecinas de Alto Hospicio acusan que sus viviendas tienen profundas grietas y que están al borde del colapso, debido a que fueron construidas sobre socavones.
Una denuncia que no es nueva para quienes habitan la Región de Tarapacá, pues la problemática se ha arrastrado por años, “más de 15”, según uno de los vecinos.
“Acá tenemos las casas que salieron con orden de demolición por el tema de los socavones. Son cinco casas, la verdad es que estamos en un tiempo constante y las dos primeras se las tomaron”, dice una vecina a las cámaras de Chilevisión.
En total, de acuerdo con lo que consigna el medio, serían más de nueve mil familias las que han perdido sus viviendas. A su vez, señalan que son cerca de 500 mil construcciones las que están afectadas por los socavones.
“No es un problema de hoy, es un problema que ha ido creciendo permanentemente con los años. Producto de los socavones tenemos más de 1.500 viviendas con decreto de demolición o de desalojo en la comuna”, comenta el alcalde de Alto Hospicio Patricio Ferreira.
Las casas fueron entregadas en 1995 a través del subsidio Plan Habitacional del Trabajador, sin embargo, en el 2013 colapsó el suelo y las personas tuvieron que abandonar sus viviendas, pues tienen decreto de demolición.
En el 2014 el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) realizó un estudio sobre los riesgos del área El Boro, el que arrojó que, algunas zonas, superaban el 5% de peligro. Cabe destacar que con un 2% se corre la posibilidad de un derrumbe.
La zona más afectada es la del Condominio Doña Ángela, un conjunto habitacional de 340 viviendas sociales, construidas en tres etapas y que contempla 340 departamentos en 17 torres.
De ellas 13 han sido declaradas como inhabitables y cuatro irreparables. Tres ya fueron demolidas.
En El Boro existen 82 casas con orden de demolición.
QUE NI DIOS LO QUIERA
El alcalde Ferreira es enfático en señalar que las autoridades deben declarar a Alto Hospicio como zona de catástrofe, producto de los socavones.
“Que ni Dios lo quiera que tengamos un temblor fuerte o un terremoto, que ni Dios lo quiera, que ni Dios lo quiera, porque aún tenemos familias viviendo en estos edificios que están con decreto de desalojo y decreto de demolición porque no tienen donde vivir”, señala el jefe comunal hospiciano.
Los socavones no solo afectan a la infraestructura, sino que también a las cañerías que conectan a las viviendas con la red de agua potable, pues se producen filtraciones que fomentan la creación de más baches en los terrenos.
Christian Barahona, gerente general de Aguas del Altiplano, menciona que las viviendas fueron construidas bajo la norma que tenía Chile en ese entonces, la que no decía nada referente a los socavones.
“Partimos el 2017 con exigencias de materialidad, de uniones, de instalaciones, por lo cual el efecto de estas filtraciones se ha reducido mucho desde el 2017 en adelante, pero tenemos todo el stock que es previo al 2017 que está construido con una condición que no reconoce la existencia de suelo salino”, explica Barahona.
A su vez, el secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo en Tarapacá, Diego Rebolledo, indica que “estamos ad-portas de hacer cambios completos en la red de agua y alcantarillado en el sector de cerro Tarapacá y en el sector de El Boro, dos de los sectores más afectados”.
“Queremos que las personas tengan la reparación efectiva de sus casas y esta reparación no puede ser solamente la vivienda básica que se les entregó. Tiene que ser también con las modificaciones y ampliaciones, porque acá hay un prejuicio. Hay una norma que exige ciertas características para construir en suelo salino, pero es de buena voluntad. Es un acuerdo entre Serviu y las empresas y esto, evidentemente, no lo podemos dejar a la buena voluntad porque sabemos que no existe buena fiscalización”, indicó la diputada por Tarapacá, Danisa Astudillo. Esto, pues la parlamentaria presentó un proyecto “integral”, el que fue rechazado y se encuentra en una comisión mixta, debido a que presentaba “vicios de inconstitucionalidad”, según su par, Renzo Trisotti.
LA SOLUCIÓN
Los vecinos y vecinas explican que, pese a que el Estado ha entregado subsidios de arriendo para que, mientras dura la demolición y reconstrucción de las viviendas, los afectados tengan donde vivir, esa no es la solución.
En tanto, mientras los vecinos y vecinas espera una solución permanente, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes señaló que existen equipos de trabajo, integrados por dos universidades que han elaborado estudios, con distintos especialistas, para actualizar la norma de construcción.
Por otra parte, están “evaluando” la opción de entregar subsidios para que los pobladores accedan a viviendas en otros terrenos, ya sea en departamentos o casas.
“En los lugares que queden desocupados estamos evaluando crear pequeños condominios. ¿Qué significa? Solidificar el suelo, por cierto, y resolver los problemas de suelo y construir (torres) de tres viviendas”, indicó el secretario de Estado, además de indicar que se crearon equipos especializados para enfocarse solo en este tema.
Ante la desesperación, vecinos y vecinas anuncian que paralizaran Alto Hospicio, pues años han pasado y la solución parece no llegar.
