La Contraloría General de la República (CGR) publicó un instructivo que regula la realización de eventos culturales y de esparcimiento organizados por municipalidades a lo largo de Chile, como festivales, conciertos, vendimias y carnavales.
Este documento aborda la forma en cómo se debe generar la publicidad, difusión y contenido de dichas actividades, asegurando el correcto uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las normativas vigentes.
«Los municipios pueden utilizar diversos medios de comunicación para dar a conocerlos. Sin embargo, se recuerda que no está permitido incorporar la imagen del alcalde o de los concejales en su difusión, ya que ello implica una infracción de las normas que regulan el uso recursos del organismo, lo que puede generar una responsabilidad civil para la autoridad«, señala.
Asimismo, las actividades financiadas con recursos públicos deben evitar la promoción de mensajes contrarios a las garantías constitucionales, leyes y tratados internacionales ratificados por nuestro país; esto incluye cualquier contenido que incite a la violencia, afecte la dignidad de las personas, vulnere derechos de menores o promueva actividades ilegales como el tráfico de drogas y la trata de personas.
“Las autoridades y funcionarios deben asegurar que los eventos no fomenten mensajes que atenten contra la vida, la integridad física y la dignidad de las personas”, destaca el documento.
El instructivo enfatiza, asimismo que, el uso de bienes municipales y nacionales de uso público para estos eventos no debe interferir con su funcionamiento normal. Además, recuerda que el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales prohíbe a los funcionarios realizar actividades políticas dentro de la Administración del Estado o usar su cargo para fines ajenos a sus funciones.
Cabe señalar que la CGR menciona que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) es el organismo encargado de analizar denuncias contra concesionarios de servicios de televisión por infracciones relacionadas con estos eventos.
Sin perjuicio de esto, la Contraloría perseguirá la responsabilidad administrativa y civil derivada de infracciones normativas y gastos improcedentes cometidos por autoridades o funcionarios municipales.
