Hoy el pleno de Corte Suprema decidirá la competencia entre la justicia civil o militar por el caso del conscripto Franco Vargas, quien falleció el 27 de abril del 2024, durante la instrucción militar en Putre, en la región de Arica y Parinacota.
La disputa de las competencias se dio el 11 de mayo de presente año, por la ministra en visita Jenny Book, presidenta de la Corte Marcial, quien dictó una resolució inhibitario para que el Juzgado de Garantía de Arica no seguiera conociendo la causa.
Ante estos acontecimientos juridicos se ha generado un amplio debate en el propio Poder Judicial, dado que hay miradas que afirman, que debe ser la justicia civil quien asuma el caso, mientras que hay otras voces que defienden la opción de que las indagaciones queden en manos de la justicia militar.
La mamá del joven fallecido, Romy Vargas, señaló que esperan «con mucha fe y esperanza que sea la justicia civil quien tome el caso de mi hijo y de los demás conscriptos».
«No nos confiamos en la fiscalía militar, porque no nos da garantía de una justicia justa», aseguró la afectada, que lamentó también que ha sido un proceso «doloroso y súper lento, no ha podido ser rápido -cómo estaban avanzando las cosas al principio- gracias a los militares que paralizaron todo».
«Ellos pidieron que paralizaran las investigaciones por el lado civil hasta que se defina la justicia y quién la puede llevar, pero eso no nos permitió avanzar con las investigaciones que tenían que hacer. Es una obstrucción para saber la verdad, que todo ya la sabemos, solamente que necesitamos las pruebas», cerró Vargas.
Pablo Campos, director de la Unidad de Recursos Procesales y Jurisprudencia de la Fiscalía, en representación del Ministerio Público, afirmó durante la sesión que «para que un delito común sea de jurisdicción militar, se requiere que se cometa por militar en acto de servicio militar o con ocasión de él»
«Entonces resulta claro que los criterios en relación a la persona (y) al lugar donde ocurre uno de estos delitos, no son los únicos que van a determinar la competencia para estos efectos, ya que el mismo artículo noveno del Código de Justicia Militar contempla la posibilidad de que aún un delito cometido en un recinto militar, o en campaña, o instricción- como es este caso- puede ser competencia de la justicia ordinaria», agregó.
Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) afirmaron que si la justicia militar queda a cargo de la investigación, la madre de Franco quedará imposibilitada de ser representada como víctima civil, además de que se pasarían a llevar tratados internacionales ratificados por Chile.
