La Contraloría General de la República inició una fiscalización a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Tarapacá (Seremi Minvu) y al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la misma Región, a fin de aclarar las transferencias de recursos realizadas en el marco del programa de Asentamientos Precarios y Recuperación de Barrios, en el periodo entre el 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2023.
En un oficio, el ente controlador señala que las transferencias se realizaron a las fundaciones denominadas Enred, Enlace Urbano, Crear y Techo, y que hubo intervención del Serviu Tarapacá en el proceso.
A su vez, indica que son siete convenios los que se mantuvieron con Enred, 16 con Enlace Urbano, 16 con Techo y cuatro con Crear, es decir, 43 contratos que totalizan un monto de $4.613.235.986, de los cuales se transfirieron desde la Seremi del Minvu Tarapacá $3.992.648.823 y se rindieron $1.948.984.575 entre el 1 de enero de 2021y el 30 de junio de 2023.
Las correspondientes rendiciones de cuenta aprobadas en igual periodo alcanzaron un total de $1.948.984.575, la cantidad de partidas revisadas en el informe de Contraloría ascienden a 50 de las 453 rendiciones de cuentas del periodo, las que se relacionan a 23 convenios de los 43 y el monto equivale al 41% del total rendido, es decir $808.108.220. La situación financiera se explica mejor en la siguiente tabla:
En tanto, los resultados de la auditoria de Contraloría sugieren una falta de aprobación de las rendiciones de cuenta por parte de la Seremi, que existió una asignación directa de iniciativas de inversión a entidades ejecutoras, así como falta de exigencia de prediagnósticos y cronogramas de trabajo y actividades, rendiciones de cuenta por un monto superior al transferido, poca celeridad en la revisión de las rendiciones.
Además, de rendiciones de cuentas presentadas fuera de plazo, transferencias de recursos realizadas a distintas cuentas corrientes, gastos improcedentes, elementos de habitabilidad no entregados por las fundaciones, así como falta de evidencia del comprobante contable de las fundaciones, respecto de los recursos transferidos desde la Seremi.
BARRIOS
Los recursos se suponen que beneficiarían a vecinos y vecinas de asentamientos precarios emplazados en zonas de riesgo.
En tanto, la Contraloría constató que siete de los 43 asentamientos ubicados en Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte son construcciones con características habitacionales y se encuentran en zonas de riesgos de área propensas a aluviones, escurrimiento torrencial, con potencial de inundabilidad.
“Al respecto, cabe hacer presente que, si bien, el plan de asentamientos precarios pretende solucionar momentáneamente la problemática de habitabilidad, por otra parte, no se estaría protegiendo la vida de su población que habita en esos campamentos, ante la eventual ocurrencia de un desastre natural”, indica el informe de Contraloría.
A su vez, Minvu señaló que la problemática no es únicamente habitacional y conlleva un sinnúmero de situaciones que deben ser abordadas desde una perspectiva multisectorial. Por su parte, el Serviu indicó que “Zona de riesgo” no es lo mismo que zona “inahibitable” o que esté prohibido establecer a familias en esas áreas, de acuerdo con lo indicado en el informe.
CONTRATACIÓN
El documento también señala una irregularidad en la contratación de una funcionaria de profesión asistente social por parte de Crear, quien cumpliría la función de apoyo en los barrios Jorge Inostroza y Bernardo O’Higgins, pero que desempeñaba sus funciones en el Minvu.
“No tiene responsabilidad administrativa, no cuenta con registro de asistencia y no se considera en ninguno de los actos administrativos que el equipo regional lleva adelante, ya que, actúa como enlace entre las labores que la fundación desempeña y el equipo regional”. Además, señala que dicha profesional se radicó en las dependencias del MINVU por instrucción del SEREMI de la época”, indica el informe.
Contraloría verificó que, la profesional mantuvo contrato por prestación de servicios, para los periodos noviembre a diciembre de 2021; enero a marzo de 2022; y, enero a marzo de 2023, como Apoyo Social Transversal de los proyectos Recuperación de Barrio Jorge Inostroza y Bernardo O’Higgins. No obstante, respecto del periodo abril a diciembre 2022, si bien, continuó prestando los servicios indicados, no se tuvo a la vista el respectivo anexo de contrato por el aumento de plazo.
Sin embargo, para el periodo entre abril y diciembre 2023, la prestación de servicios fue como apoyo social transversal, con cargo al programa de Estudio Básico de Barrio Nuevo Oasis de Pica.
Así entonces, se pactó el monto bruto a pagar mensualmente en $1.367.521, con una jornada de 44 horas semanales y con desempeño en las dependencias de la Fundación CREAR, lo que, de acuerdo con la investigación de Contraloría, no habría ocurrido.
Finalmente, el informe de 102 páginas concluye que la Contraloría “procederá a iniciar un proceso sumarial en ambos servicios (Minvu y Serviu), tendiente a determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en las irregularidades anteriormente descritas”, así como que facilitará la investigación a Fiscalía para los fines que el organismo estime pertinentes.
