La Corte de Apelaciones de la ciudad de Arica, revocando la sentencia dictada en primera instancia por el Tercer Juzgado de Letras, condenó el pasado 26 de octubre al Servicio de Salud regional al pago de $470 millones a la familia de Alonso Marín Norambuena, un infante que, por negligencias a la hora del parto, terminó con un 96% de discapacidad y con una corta esperanza de vida.
El origen de esta historia se remonta al 17 de octubre de 2016, cuando la madre, Daisy Norambuena, asistió al Hospital Regional de Arica para dar a luz a su segundo hijo, Alonso.
El niño había presentado un normal desarrollo durante todo el embarazo, sin embargo, producto de malas prácticas por parte del equipo médico -integrado por el médico Miguel Cornejo Espinoza y la matrona Mayling Lee Caporata- éste fue víctima de asfixia perinatal severa.
Actualmente el menor se mantiene con parálisis cerebral, epilepsia, gastrostomía, tetraplejia y otra serie de graves padecimientos que exigen vigilancia las 24 horas del día y que han obligado la familia a hospitalizarlo.
Su progenitora aseguró que «durante el parto le aplicaron la maniobra de Kristeller, desaconsejada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y que es considerada una “mala práctica”.
Esta consiste en apretar de forma controlada con los puños o bien el antebrazo el fondo uterino, para “ayudar” y acelerar el parto.
FALLO DE LA CORTE
Para la Corte de Apelaciones de Arica, la tardía decisión de intervenir quirúrgicamente a la madre atendidos sus múltiples factores de riesgo (cicatriz de cesárea anterior, paciente de alto riesgo obstétrico y útero tabicado) ocasionó la rotura de su útero y el desprendimiento prematuro de su placenta, lo que condujo a que su hijo Alonso experimentara un agudo sufrimiento fetal, al punto de casi causar su muerte por parada cardio respiratoria.
El tribunal llegó al convencimiento que ni la matrona ni el médico que integraba el equipo de salud actuaron con la celeridad que el caso ameritaba. Esto fue corroborado con la abundante prueba presentada en el proceso y permitió atribuir la responsabilidad al Servicio de Salud de Arica y Parinacota condenándolo al pago de $200 millones por el daño ocasionado a Alonso Marín Norambuena y $90 millones a cada uno de los miembros de su grupo familiar (integrado por sus dos padres Damián Marín y Daisy Norambuena y su hermano).
Tanto el médico Miguel Cornejo Espinoza como la matrona Mayling Lee Caporata, fueron formalizados en el año 2022 por los mismos hechos y arribaron a una suspensión condicional del procedimiento en acuerdo con la Fiscalía Local de Arica, la que se mantiene vigente.
Cabe señalar que, contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica, pueden interponerse todavía recursos que trasladarían el caso ante la Corte Suprema.
