TARAPACÁ: CONTRALORÍA REVISARÁ CONTRATO DE $750 MILLONES EN RACIONES ALIMENTICIAS PARA MIGRANTES EN EL CAMPAMENTO LOBITO

La región de Tarapacá, específicamente la ciudad de Iquique, es uno de los principales lugares de concentración para la población migrante, donde incluso en el 2021, se instaló para ellos un campamento en Playa Lobito para que pudiesen pernoctar. En este lugar eran familias completas las que llegaban diariamente para recibir un techo y comida, es por ello, que el gobierno en su momento tomó la decisión de emitir una ayuda económica.

Según la resolución de la Delegación Presidencial de Iquique, firmada el 27 de junio por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por “la necesidad de continuar la respuesta humanitaria del gobierno de Chile a la situación migratoria es que (…) se solicitó recursos para pagar el servicio de alimentación de 300 raciones diarias por seis meses”. El monto supera los $ 750 millones.

En base ello, el exgobernador del Tamarugal Natan Olivos cuestionó la medida, a través de su cuenta de Twitter, alegando que: “¿Alguien puede explicar esos valores y que se otorgue a un particular? Resolución está firmada por el subsecretario Monsalve”.

En exclusiva para Vilas Radio, Olivos explicó que su crítica apuntaba a que estos valores son excesivamente altos y donde no se justifican en su totalidad. “En su momento me tocó estar a cargo de estos albergues… y por ejemplo en la de Colchanes, que se encuentra en una zona muy aislada con pocos proveedores, logramos gestionar almuerzos por un valor de $3.000 para una cantidad cercana a las 200 personas diariamente. Sin embargo, esta zona de Lobito, donde es mucho más cercano a la urbanización de mayor accesibilidad, los valores corresponden a almuerzos de $6.000 para 300 personas diariamente. Esto por lo menos es cuestionable y llama mucho la atención”, dijo el exgobernador en una declaración para el matinal “Todos Juntos” de Vilas Radio.

Desde la Delegación explicaron la decisión. “Atendido a lo indicado en el artículo 51 del Decreto Supremo Nº250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, no se contaba al momento de la contratación con las tres cotizaciones exigidas debido a la falta de oferentes que pudieran llevar a cabo este servicio en las condiciones adecuadas y en un contexto específico de emergencia, debiendo necesariamente contratar al único oferente disponible a la fecha, persona natural con giro, identificado como Orozimbo Robledo Castro, proveedor desde hace más de una década y con experiencia reconocida dentro del rubro, ofreciéndose como oferente para poder solucionar dicha problemática”, señalaron.

A su vez, agregaron que “sin perjuicio de lo anterior, es necesario señalar que no obstante la orden de compra se realiza por el máximo disponible, el pago final se establece en función de las raciones efectivamente entregadas y acreditadas por los funcionarios correspondientes. Además, considerando el monto total del servicio, dicho contrato deberá entrar a proceso de toma de razón de la Contraloría General de la República, donde se podrán revisar todos los antecedentes y verificar el apego a la normativa vigente para las situaciones de emergencia”.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, indicaron, la Subsecretaría del Interior autorizó dicha transferencia. Para efectos del cálculo final, según explicaron desde el gobierno, consideraron valores por cada ración de la siguiente forma:

• Cantidad máxima de cupos: 300 personas
• Valor diario alimentación por persona (considera desayuno, almuerzo y cena): $13.923
• Valor diario por capacidad máxima: $ 4.176.900
• Valor mensual por capacidad máxima: $ 125.307.000
• Monto total solicitado: $ 751.842.000 (iva incluido)

“Como gobierno hemos adoptado diversas acciones para la gestión y control de esta crisis migratoria, como el fortalecimiento del control fronterizo, la presencia de militares, la instalación de nuevos Puestos de Observación Fronteriza, el mejoramiento de la infraestructura, el aumento de capacidades tecnológicas y la habilitación de resguardos temporales. Y ahora último, el proceso de empadronamiento biométrico para el reconocimiento de quienes ingresaron de manera irregular”.