La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó ayer lunes una moción que establece un régimen de protección y reparación integral a víctimas de femicidio frustrado y a hijos de víctimas de femicidio consumado.
La iniciativa, que tiene el apoyo del Gobierno, incluye el pago de una pensión de 160 mil pesos para aquellos hijos de víctimas que sean menores de edad, quienes lo recibirían hasta cumplir los 18 años.
También incorpora un fuero laboral para quienes sufrieron un femicidio frustrado, el que será válido hasta un año después del ataque.
Si bien el proyecto contó con un amplio apoyo en la Sala, la bancada del Partido Republicano amenazó con llevarlo al Tribunal Constitucional, fustigando que se basa en la supuesta «ideología de género».
El diputado Johannes Kaiser opinó que con esta propuesta «estamos creando grupos privilegiados, y por eso interpongo una reserva de constitucionalidad respecto de este proyecto, porque los niños que son hijos de víctimas de narcotráfico que no valen menos que las víctimas de otros delitos».
«Protejamos a todas las víctimas de la delincuencia, y no solamente a algunos porque resulta que justo calzan en nuestra ideología», añadió.
Sin embargo, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, fustigó que «quien quiera insinuar que los niños y niñas que han sufrido el asesinato femicida de sus madres son un grupo privilegiado, no me lo tiene que explicar a mí ni al Tribunal Constitucional, sino que a la ciudadanía».
No obstante los reparos del partido de derecha, la iniciativa pasó a segundo trámite en el Senado.
