La Fiscalía Regional de Aysén solicitó formalizar a 39 funcionarios en retiro del Ejército, reintegrados a honorarios entre el año 2012 y 2017, y a su vez a tres familiares por el delito de fraude al fisco.
Hecho cometido luego de una investigación encabezada por el fiscal regional, Carlos Palma Guerra, y una Fuerza de Tarea integrada por detectives de las Brigadas de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) y Cibercrimen de la PDI.
Con ésta se corroboró que todos los imputados fueron contratados para prestar servicios en la IV División del Ejército de Chile, con trabajos que nunca realizaron.
Según los antecedentes entregados por el fiscal a cargo, las contrataciones se efectuaban con fondos del Estado, para saldar la deuda tras el cierre del denominado Fondo de Ayuda Mutua, FAM.
Los montos comprometidos oscilan -en cada involucrado- entre los 329.549 mil pesos a 11.437.030 pesos por persona.
En el caso además estarían involucrados tres familiares, quienes supuestamente prestaban asesorías en materias de computación, administración y documentación, en el que los dineros defraudados varían entre los 3.494.268 pesos a 9.757.764 pesos por cada uno.
Cabe consignar que, las penas para el delito de fraude del Fisco, dependiendo los montos y reiteración en los hechos, oscilan entre los 541 días de presidio a los 5 años y un día de cárcel.
