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INFORME DE CONTRALORÍA REVELA QUE 315 FUNCIONARIOS CON CONDENAS VIGENTES SIGUEN TRABAJANDO EN EL ESTADO

El cruce de datos del ente fiscalizador determinó que 73 de estos registros corresponden a crímenes o penas aflictivas. Carabineros y el Ejército concentran la mayor cantidad de personal sancionado penalmente que sigue activo, lo que llevó al organismo a ordenar sumarios internos y la revisión de las hojas de vida en el sistema Siaper.

Un nuevo dolor de cabeza sacude a la administración pública. La Contraloría General de la República (CGR) detectó que 315 funcionarios públicos continúan desempeñándose en el Estado pese a mantener una condena penal vigente a junio de 2026.

El cruce de datos realizado por el organismo de control arrojó que este grupo concentra 317 registros de condena, ya que dos de los trabajadores identificados acumulan más de una sentencia en su historial judicial.

Fuerzas Armadas y Carabineros lideran el catastro

Al desglosar los números por repartición, el informe pone el foco sobre las instituciones uniformadas. Del total de involucrados, 109 pertenecen a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y a las de Orden y Seguridad (OO.SS.).

El detalle por institución deja en evidencia dónde se concentra la mayor cantidad de casos:

  • Carabineros de Chile: Encabeza el listado nacional con 84 funcionarios condenados que siguen activos.
  • Ejército de Chile: Ocupa el segundo lugar con 22 efectivos en la misma condición.

El panorama en los municipios del país

La revisión del ente contralor también alcanzó a los gobiernos locales. Seis municipalidades aparecen en el reporte concentrando un total de 25 funcionarios condenados en sus respectivas plantas o dotaciones.

El desglose comunal se reparte de la siguiente manera:

  • Valdivia: 6 casos.
  • Hualpén: 4 casos.
  • Tierra Amarilla: 4 casos.
  • Chillán: 4 casos.
  • Puerto Montt: 4 casos.
  • Tocopilla: 3 casos.

Gravedad de los delitos y orden de sumarios

No se trata solo de faltas menores. Contraloría estableció que 73 de las sanciones (el 23%) corresponden a crímenes, delitos cuya pena supera los cinco años y conllevan una pena aflictiva. Los otros 244 registros (el 77%) responden a simples delitos, cuyas sentencias van desde los 61 días hasta los cinco años según la ley vigente.

Ante este escenario, el organismo fiscalizador ordenó a todas las instituciones involucradas iniciar investigaciones administrativas. El objetivo apunta a determinar responsabilidades por la eventual omisión de informar estas condenas a los respectivos jefes de servicio para aplicar la inhabilidad sobreviniente, figura legal que opera cuando la sanción judicial surge mientras el trabajador ya ejerce su cargo.

Revisión de calificaciones y ajuste en Siaper

Más allá de las sanciones internas, la Contraloría busca blindar los estándares de probidad, idoneidad e imparcialidad dentro de los servicios públicos cuando surgen incompatibilidades legales.

Por ello, los organismos aludidos deberán informar al ente contralor si estas condenas fueron consideradas al momento de calificar al personal, específicamente bajo los criterios de comportamiento social y probidad funcionaria. Finalmente, las reparticiones tendrán que actualizar y regularizar las hojas de vida de estos trabajadores en el Sistema de Información y Control de la Administración del Estado (Siaper).

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