Un lapidario informe de la Contraloría General de la República reveló que casi la mitad de los sitios de disposición final opera sin autorización sanitaria y el 82% de los municipios incumple con el reporte de datos. Ante el crítico escenario, el organismo fiscalizador activó una auditoría a nivel país y exigió planes de control a las seremis de salud y la Superintendencia del Medio Ambiente.
La gestión de los residuos domiciliarios enfrenta un escenario crítico en Chile. La Contraloría General de la República encendió todas las alarmas tras procesar los datos del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 28, un análisis que abarcó el periodo 2022-2025 y fiscalizó a las 345 municipalidades del territorio nacional utilizando registros del Sistema de Ventanilla Única y organismos ambientales.
El diagnóstico inicial no tardó en evidenciar el descontrol administrativo que existe en las administraciones locales. El 82% de las municipalidades del país incumplió la obligación de informar sobre la recolección, valorización o eliminación de la basura en al menos uno de los periodos evaluados entre 2022 y 2024, dejando un vacío negro en el monitoreo oficial de los desechos.
Sin papeles al día: El 49% de los vertederos opera sin autorización sanitaria
El problema de fondo no solo pasa por el papeleo, sino por las condiciones reales en las que se bota la basura diaria. El informe reveló que el 49% de los sitios de disposición final de residuos domiciliarios carece de autorización sanitaria vigente, predominando basurales y vertederos de operación municipal o mixta que representan un peligro latente para la salud y el medio ambiente.
La concentración de los desechos es otro flanco crítico que expone al sistema a un colapso inminente. Doce sitios en todo Chile concentran la basura proveniente del 59% de las comunas y del 64% de las toneladas generadas a nivel nacional, evidenciando una tremenda dependencia de pocos rellenos sanitarios.
Vertederos vencidos hace años y dependencia regional al límite
La auditoría también puso la lupa sobre instalaciones que operan derechamente al margen de cualquier estándar técnico aceptable. La Contraloría identificó ocho vertederos con su vida útil vencida entre los años 2003 y 2015 que siguen recibiendo desechos.
Entre los casos más urgentes destaca el vertedero Morrompulli en la Región de Los Ríos, que absorbe los residuos de todas las comunas de su zona, y el vertedero Curaco en Osorno, al que le resta apenas un año de vida útil. A esto se suma un déficit grave de planificación: 11 regiones del país no cuentan con un Plan Regional de Gestión de Residuos vigente, mientras que en la comuna de Sierra Gorda un relleno sanitario construido con fondos públicos sigue inoperativo, obligando a usar instalaciones que no cumplen la norma.
Contraloría anuncia fiscalización nacional y oficios a ministerios
Ante el rosario de irregularidades detectadas, el órgano fiscalizador decidió pasar a la ofensiva. La Contraloría ejecutará una auditoría de alcance nacional para evaluar con lupa los riesgos ambientales, sanitarios y financieros que arrastra el manejo de la basura en los municipios.
Las medidas punitivas y de control ya comenzaron a cursarse de manera oficial. El organismo oficiará a las Seremis de Salud y a la Superintendencia del Medio Ambiente para exigirles sus planes de fiscalización durante el periodo 2026-2027 y obligarlas a tomar cartas en el asunto frente a esta crisis sanitaria latente.
