
El Concejo Municipal aprobó el nuevo reglamento interno que busca profesionalizar el consistorio y entregar mayor estabilidad a los trabajadores. La propuesta aumentará la dotación fija de 70 a 106 funcionarios, utilizando solo un 26% del límite presupuestario legal y abriendo la puerta a más de 40 concursos públicos.
Pozo Almonte dio un paso decisivo en la reorganización de su estructura interna. En una sesión extraordinaria marcada por profundos análisis financieros, el Concejo Municipal aprobó la propuesta de reglamento que fija la nueva planta de personal del municipio. La medida busca dejar atrás una dotación que se mantenía corta para las necesidades de la zona, pasando de 70 a 106 cargos formales tras la creación de 36 nuevos cupos.
La historia de la planta local refleja la velocidad con la que ha cambiado la comuna. En 1994 el municipio funcionaba con apenas 21 cargos, cifra que escaló paulatinamente a 46 y luego a 70 en el período 2019-2020. Este nuevo ajuste pretende dar un respiro a las distintas unidades municipales y profesionalizar la atención que reciben a diario los vecinos del Tamarugal.
Cuentas ordenadas: El impacto financiero se mantiene bajo control
Una de las grandes interrogantes de la sesión fue el costo de la medida y su viabilidad a largo plazo. La ley establece que el gasto en personal (Subtítulo 21) no puede superar el 42% de los ingresos propios permanentes. Según las proyecciones presentadas por la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) y respaldadas por la Dirección de Control, el municipio utilizará cerca del 26% de ese techo legal, lo que deja un margen de maniobra holgado ante cualquier imprevisto económico.
Los nuevos cargos significarán una inversión superior a los mil millones de pesos anuales, pero el equipo técnico municipal ya trazó una estrategia de nuevos ingresos —a través de ordenanzas, derechos y gestión de servicios— para cubrir el gasto sin comprometer el Fondo Común Municipal ni desproteger la inversión social en la comunidad.
El fin de la precariedad: Justificación social y laboral
El alcalde y los profesionales expusieron que el espíritu de este cambio apunta directamente a dignificar la labor de los funcionarios. Históricamente, el Estado ha abusado de la figura de los contratos a honorarios, dejando a decenas de trabajadores sin seguridad social ni resguardo laboral. Esta modificación permitirá abrir 46 concursos públicos en total (sumando cargos vacantes y nuevas creaciones), abriendo una ventana real para que personal a contrata y honorarios con años de servicio puedan postular a la planta permanente.
«El Estado es el peor empleador de Chile, porque son muchos los funcionarios honorarios que trabajan sin resguardo respecto a sus continuidades laborales», remarcó el jefe comunal durante la sesión, insistiendo en que el proceso exigirá además la capacitación constante de los trabajadores para cumplir con los estándares de servicio.
Acuerdos gremiales y el camino que resta en Contraloría
El reglamento no nació entre cuatro paredes. La propuesta final recogió el trabajo de un comité bipartito integrado por representantes de la administración y de los funcionarios. Si bien la idea inicial contemplaba solo 20 nuevos cargos, las mesas de diálogo permitieron elevar la cifra a 36 para responder a los requerimientos presentados por los distintos departamentos municipales.
Tras el respaldo mayoritario del Concejo —que contó con la inhabilitación formal de dos concejales por motivos de parentesco como exige la normativa—, el documento fue despachado a la Contraloría Regional de Tarapacá para su trámite de toma de razón. Si el organismo fiscalizador da el visto bueno y se publica en el Diario Oficial antes del 31 de diciembre, la nueva planta debutará el 1 de enero; de lo contrario, su entrada en vigencia quedará agendada para el siguiente ciclo.




