
El tribunal no le concedió ningún tipo de beneficio al imputado de 27 años y nacionalidad venezolana, quien ingresó de forma irregular al país. Amenazó a un menor de 16 años con un objeto punzante para arrinconarlo en el asiento y realizarle tocaciones en una máquina de la Línea 4. La PDI logró identificarlo en menos de 24 horas gracias al rastreo de sus perfiles en redes sociales.
El ataque ocurrió a plena luz del día en el transporte público iquiqueño. Todo se desencadenó el pasado 20 de enero de este año, cuando un adolescente de 16 años abordó una máquina de la Línea 4 para desplazarse por la ciudad.
En medio del trayecto, el imputado —un hombre de 27 años y nacionalidad venezolana en situación irregular en Chile— se le acercó, le sacó conversación y le pidió sentarse a su lado. Una vez pegado al menor, sacó un elemento punzante de sus ropas, lo arrinconó contra la ventana y lo amenazó directamente para que no gritara, momento en que procedió a realizarle tocaciones de carácter sexual, principalmente en la zona genital. Paralizado por el miedo y el estado de shock, el joven esperó el primer descuido para lograr descender del microbús y correr a pedir ayuda a su familia.
Rastreo en redes sociales y detención relámpago de la PDI
Apenas el adolescente relató la agresión, su padre lo acompañó a presentar la denuncia inmediata ante Carabineros. De ahí en más, la Fiscalía de Iquique instruyó diligencias de urgencia a la Brigada de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones para acorralar al agresor.
El trabajo policial no tardó en dar frutos. Los detectives de la Brisex realizaron un rápido levantamiento de perfiles en redes sociales, cruzando datos hasta identificar con nombre y apellido al atacante. Con la orden judicial gestionada por el Ministerio Público, la PDI le cayó encima al sujeto al día siguiente de la agresión, confirmando además que no registraba ingreso legal al territorio chileno.
Prueba testimonial contundente y fallo sin beneficios
Durante el juicio oral llevado adelante por la fiscal Jócelyn Pacheco, el tribunal escuchó los relatos del propio adolescente, de su padre y de los efectivos policiales que acogieron la denuncia y ejecutaron la investigación. Las pruebas presentadas no dejaron espacio a dudas para los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique.
El dictamen fue categórico: el acusado deberá cumplir la pena de 3 años y un día de presidio de manera efectiva tras las rejas, sin derecho a ningún tipo de beneficio alternativo.
Diez años de vigilancia y prohibición perpetua de trabajar con menores
Además de la condena tras las rejas, la justicia sumó penas accesorias severas para resguardar a la comunidad una vez que el sujeto recupere su libertad.
La fiscal Jócelyn Pacheco detalló el alcance de la sentencia fijada por el tribunal: «El tribunal lo condenó a la pena de tres años y un día de presidio efectivo, lo va a mantener bajo la sujeción de la vigilancia de la autoridad por el término de diez años una vez que cumpla la condena principal. Asimismo, se le condenó a la inhabilidad perpetua para ejercer algún cargo, oficio, profesión o empleo que diga relación con menores de edad».




