La tranquilidad de la industria textil en la Zona Franca de Iquique está bajo amenaza directa. En conversación con Vilas Radio, el presidente de la asociación gremial de usuarios textiles de Zofri, Pedro Vázquez, encendió las alarmas regionales al explicar el impacto que tendrá en Tarapacá la implementación de las restricciones internacionales ligadas al Convenio de Basilea y la Estrategia de Economía Circular para Textiles impulsada bajo el gobierno pasado.
La tranquilidad de la industria textil en la Zona Franca de Iquique está bajo amenaza directa. En conversación con Vilas Radio, el presidente de la asociación gremial de usuarios textiles de Zofri, Pedro Vázquez, encendió las alarmas regionales al explicar el impacto que tendrá en Tarapacá la implementación de las restricciones internacionales ligadas al Convenio de Basilea y la Estrategia de Economía Circular para Textiles impulsada bajo el gobierno pasado.
«Se estableció que el 70% de la ropa usada que ingresa a Tarapacá termina en vertederos. Ese antecedente es completamente falso y no tenemos idea de dónde lo sacaron», denunció con firmeza el dirigente gremial.
Vázquez explicó que bajo esa premisa errónea, la autoridad anterior determinó prohibir el proceso de selección de prendas en suelo chileno para obligar a que se realice únicamente en los países exportadores. El gran problema de esta decisión técnica es que Tarapacá es la única región del país donde se realiza este trabajo, lo que significa que el golpe regulatorio caerá de lleno y exclusivamente sobre la mano de obra tarapaqueña.
Un impacto directo a la mano de obra femenina y a las familias de Alto Hospicio
Detrás de las montañas de fardos hay rostros y sustentabilidad familiar. La prohibición de seleccionar ropa usada en Zofri dejaría de forma automática en la calle a más de 2.500 trabajadoras, pertenecientes a un segmento social con severas barreras de acceso al mercado laboral formal.
«El 80% de las personas que trabajan con nosotros son mujeres sin capacitación previa ni estudios superiores. Para ellas, el peor escenario es el desempleo porque no abundan las alternativas en la región», enfatizó Pedro Vázquez.
Gran parte de estas operarias residen en Alto Hospicio, por lo que la pérdida de estos puestos de trabajo profundizaría la crítica cifra de desocupación regional, que actualmente roza el 9,0%. A esto se suma el impacto social en las familias que dependen del comercio informal y la reventa en ferias populares como La Quebradilla, constituyendo una verdadera cadena de subsistencia social.
El puerto, los camioneros y la masa de ventas de Zofri en la cuerda floja
El negocio textil no es un rubro menor: representa cerca del 15% del total de las ventas que registra la Zona Franca de Iquique. Su eliminación o paralización significaría un retroceso directo de 10 años en el desempeño comercial del sistema franco, afectando además los aportes económicos que Zofri entrega anualmente a los municipios de las regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota.
«No son solo las señoras que seleccionan. Se acaban 4.500 camiones al año, 9.000 viajes desde el puerto al barrio industrial y la descarga de miles de contenedores», detalló el dirigente.
Toda esa actividad económica paga servicios portuarios, grúas, mecánicos, combustibles, fletes y hasta el sustento de quienes venden colaciones en el barrio industrial. Paralizar la selección equivale a apagar el motor operativo de varias cuadras completas del sector industrial.
La planta de reciclaje textil más grande de Chile arriesga inversión de US$8 millones
Frente al estigma mediático de los vertederos clandestinos en el desierto, el gremio empresarial aclaró que está impulsando soluciones de fondo y con capital privado. Sin embargo, la incertidumbre jurídica y reglamentaria mantiene congeladas las contrataciones y las nuevas inversiones tecnológicas.
En Alto Hospicio se levanta la mayor planta de reciclaje textil del país, con capacidad para procesar 20 toneladas diarias de residuos, financiada con una inversión privada de 8 millones de dólares sin pedir un solo peso de subsidio estatal.
Desde el gremio piden al actual Gobierno que escuche sus propuestas para trazar el origen y destino del textil, fiscalizar con dureza a los infractores y permitir la selección responsable en la zona. Vázquez concluyó que esta administración tiene la oportunidad de corregir una decisión burocrática del pasado, protegiendo el empleo femenino y transformando los residuos en una nueva industria exportadora para Tarapacá.
