Sergio Malale Roca cruzó por el paso fronterizo de Colchane y a los pocos días cayó con más de 250 gramos de marihuana en Puerto Montt. Pese al prontuario internacional y la orden de arraigo, el sujeto fijó domicilio en la capital de Tarapacá, se presentó una sola vez en la comisaría y no volvió a dar señales.
Bastaron solo ocho minutos de audiencia en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt para que un extranjero detenido con droga y con antecedentes por narcotráfico en la frontera argentina quedara libre y sujeto a una simple firma mensual. Hoy, ese mismo beneficio tiene a la justicia buscando a un imputado que aprovechó un cambio de domicilio a Iquique para perderse del radar policial.
La historia comenzó el pasado 29 de abril cuando el ciudadano boliviano Sergio Malale Roca ingresó a Chile utilizando el paso fronterizo de Colchane. Apenas una semana después de pisar suelo nacional, el sujeto reapareció a miles de kilómetros de la frontera norte: en las inmediaciones de la Universidad San Sebastián en Puerto Montt.
Ahí levantó las sospechas de los guardias del recinto universitario al circular en una motocicleta sin patente registrada y con una mochila cargada con más de 250 gramos de marihuana.
Al verse acorralado por la seguridad privada, intentó escapar bajando por una ladera del sector, pero Carabineros le cortó el paso y lo puso a disposición de la justicia. La sorpresa vino al día siguiente en el tribunal, donde una audiencia que no duró más de ocho minutos terminó con el imputado libre, sujeto a firma mensual y prohibición de salir del país.
Triangulación entre Puerto Montt e Iquique para evadir el control
La primera firma estaba programada para el 15 de mayo en la Segunda Comisaría de Puerto Montt, pero Malale nunca llegó a la cita. Dos días más tarde, su defensa presentó un escrito informando un supuesto cambio de residencia hacia la ciudad de Iquique, solicitando trasladar la unidad policial de control para cumplir con la medida.
El imputado se presentó una única vez a firmar en Iquique el 20 de mayo y desde ese momento se le perdió el rastro.
Pese a que el hombre no volvió a marcar presencia en la unidad policial tarapaqueña, el caso siguió su curso formal en el sur. Incluso en julio, durante una audiencia vía Zoom para revisar los plazos de la causa, la defensa insistió en conseguir certificados de antecedentes desde Bolivia para acreditar la presunta intachable conducta anterior del acusado.
Cargas con antecedentes internacionales y alertas de impunidad
El argumento de la defensa choca de frente con los datos que ya maneja la policía. Antes de ingresar a Chile por Tarapacá, el sospechoso ya registraba un episodio por tráfico internacional tras caer atrapado cuando intentaba cruzar desde Bolivia hacia Argentina con cocaína adosada al cuerpo.
Carabineros ratificó ante el tribunal que desde la firma del 20 de mayo en Iquique no existen nuevos registros de cumplimiento por parte del extranjero.
Ante esta evidente falla en los controles, el diputado e integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana, Mauro González, remarcó que la Fiscalía debe poner las cartas sobre la mesa: «Ese es un análisis que tiene que hacer el Ministerio Público al momento que formaliza al imputado y solicita las cautelares… la Fiscalía debería informar que esta no se ha cumplido para evaluar una eventual intensificación de las medidas».
El caso volverá a la sala el próximo 26 de octubre, fecha en que se evaluará una pena de 400 días de presidio y una multa económica. Mientras tanto, la duda queda instalada en la región sobre si el imputado sigue escondido en el norte o si aprovechó la permeabilidad de la frontera para abandonar nuevamente el país.
