Un informe del ente fiscalizador puso en la mira a la Dirección Regional del Servicio Nacional de Aduanas en Iquique tras detectar a tres de sus trabajadores apartados de sus labores por más de 12 meses en el marco de sumarios internos. A nivel nacional, la Contraloría confirmó que 485 funcionarios públicos están en la misma condición, costando más de $671 millones al Estado en los casos más prolongados. El organismo asumirá el control de las causas para frenar el malgasto de fondos fiscales.
La Contraloría General de la República (CGR) puso la lupa sobre el abuso de las suspensiones preventivas en las reparticiones públicas del país. A través del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25, el organismo dejó al descubierto la lista de instituciones que mantienen a personal apartado de sus cargos por periodos excesivos sin perder sus remuneraciones.
En ese listado oficial, el Servicio Nacional de Aduanas Iquique figura con 3 funcionarios suspendidos por más de un año. Para una repartición crítica en la Región de Tarapacá, encargada de la fiscalización fronteriza y el control del comercio en la Zofri, la paralización de estos puestos por sumarios no resueltos representa una traba directa al funcionamiento del servicio en la capital regional.
Un descontrol nacional que costó más de $671 millones
El panorama en el resto del país es igual de grave. En total, 485 funcionarios de la Administración Central han permanecido suspendidos recibiendo el 100% de sus remuneraciones entre 2020 y marzo de 2026. El informe detalló que 30 personas acumulan más de tres años fuera de sus puestos cobrando ingresos normales, y 13 de ellas ya sobrepasaron la barrera de los cuatro años.
El caso más extremo a nivel nacional se registró en Mejor Niñez, con un funcionario que completó cuatro años y siete meses suspendido percibiendo sus sueldos. Tan solo en los diez casos más prolongados, el Estado desembolsó $671.426.189 en pagar remuneraciones a personas que no estaban trabajando.
El cruce de datos con el Servicio de Impuestos Internos y la PDI reveló además que:
- Trabajos paralelos: Entre 14 y 22 funcionarios suspendidos registraron ingresos por otras actividades privadas remuneradas mientras seguían cobrando del fisco.
- Viajes y ocio: Decenas de trabajadores apartados registraron salidas del país o visitas a casinos de juego durante su periodo de suspensión.
- Procesos congelados: Se detectaron 20 sumarios paralizados debido a que el fiscal sumariante ya ni siquiera trabajaba en la institución.
Ultimátum a Aduanas y revisión a jefaturas de Tarapacá
Aunque el Estatuto Administrativo permite apartar preventivamente a un trabajador para asegurar el éxito de una investigación, la Contraloría recordó que la etapa indagatoria no debiera sobrepasar los 60 días hábiles.
Ante el estancamiento de los procesos, la CGR dispuso medidas drásticas para los servicios en Iquique y el resto del país:
- Plazo de 15 días: Aduanas Iquique y los demás servicios del listado tendrán dos semanas para informar el cierre inmediato de los sumarios o justificar formalmente por qué mantienen la medida.
- Sumarios a los fiscales: Las instituciones deberán abrir investigaciones disciplinarias internas para sancionar a los jefes de servicio y fiscales que dilataron las causas sin justificación.
- Toma de control: La Contraloría asumirá de oficio la tramitación de los 30 sumarios que llevan más de tres años paralizados en el país.
Control electrónico en tiempo real para frenar la «congeladora»
Para evitar que estas situaciones se repitan en las reparticiones públicas de Tarapacá, el ente fiscalizador emitió el Instructivo N°29. En el documento remarcó que prolongar una suspensión de forma indefinida vulnera la probidad y perjudica la eficiencia del gasto público.
Desde ahora, cualquier resolución que decrete o levante una suspensión preventiva en Aduanas o en cualquier servicio de la región deberá ser cargada en el Sistema de Acciones Derivadas (SIAD). Con esta plataforma, la Contraloría activará alertas electrónicas automáticas penas se detecte a un funcionario congelado cobrando sueldo sin justificación.
