El Segundo Juzgado Civil de Temuco ordenó la reparación económica por daño moral para la viuda y los dos hijos del carabinero asesinado en 2020 en La Araucanía. Sin embargo, la representación legal de los demandantes busca que la Corte incremente la cifra tras considerar que el monto fijado no cubre la pretensión original.
Un nuevo hito judicial se registró en torno al caso del suboficial de Carabineros Eugenio Naín, acribillado el 30 de mayo de 2020 durante un procedimiento en la Ruta 5 Sur, a la altura de Temuco. El Segundo Juzgado Civil de Temuco acogió la demanda por daño moral y condenó al Fisco a indemnizar a la familia directa del uniformado con un pozo total que asciende a los 130 millones de pesos.
La resolución del tribunal fijó una suma de $50 millones para la viuda del funcionario policial y $40 millones para cada uno de sus dos hijos. Si bien la sentencia establece un antecedente claro sobre la responsabilidad del Estado, la resolución no dejó conforme al equipo jurídico que representa a los familiares en la Región de La Araucanía.
Familia recurrirá a la Corte de Apelaciones para aumentar la cifra
La representación legal de los demandantes confirmó que presentará un recurso de apelación ante el tribunal de alzada. La estrategia de la defensa no busca objetar el fondo del fallo, sino exigir un ajuste sustancial en los montos otorgados, argumentando que la cifra fijada por el juez resulta insuficiente frente al impacto que causó la pérdida del carabinero.
La acción legal presentada inicialmente exigía un pago de $300 millones para la viuda y $300 millones para cada uno de los hijos, alcanzando una suma de $900 millones en total. Al respecto, el abogado patrocinante anticipó que elevarán los antecedentes a la instancia superior para insistir en una reparación económica acorde a las pretensiones que estipula la demanda original.
Un crimen que marcó la pauta legislativa en seguridad
El asesinato de Naín no solo desencadenó un complejo proceso en los tribunales, sino que impulsó la tramitación y posterior promulgación de la Ley Naín-Retamal, normativa que endureció las penas por delitos cometidos contra personal de Carabineros, la PDI y Gendarmería en el país.
El proceso civil continuará su curso en las próximas semanas en la Corte de Apelaciones de Temuco, instancia que deberá revisar la impugnación y resolver si mantiene la indemnización de $130 millones o decide elevar la cifra indemnizatoria a favor de la familia del suboficial.
