El fiscal nacional Ángel Valencia confirmó el complejo panorama durante una sesión especial del Senado en San Bernardo, convocada tras frustrarse un atentado contra el alcalde local. Frente a la ola de amedrentamientos, los fiscales regionales deberán investigar personalmente cada caso en sus zonas.
La Municipalidad de San Bernardo fue el escenario de un despliegue político y de seguridad sin precedentes este lunes. Senadores, ministros, jefes policiales y el fiscal nacional se trasladaron hasta la comuna para realizar la Comisión de Seguridad y enviar una señal clara de apoyo institucional. La alerta se encendió la semana pasada, cuando la Fiscalía frenó a tiempo un ataque planificado por una banda criminal contra el alcalde socialista Christopher White.
El propio edil abrió el debate pidiendo unidad política y una respuesta firme del aparato estatal: «Tenemos la obligación de dar esta pelea en conjunto, de armarnos mejor, pero mostrar que hoy día el Estado es el que manda y no un grupo de personas que cree que está por sobre la ley», remarcó el jefe comunal ante los parlamentarios.
Las duras cifras de las intimidaciones a autoridades y persecutores
En medio de la comisión, el fiscal nacional Ángel Valencia reveló las cifras del amedrentamiento que sufren quienes combaten el delito en el país. Actualmente existen al menos 22 alcaldes a nivel nacional bajo medidas de resguardo policial tras recibir amenazas directas o agresiones en el ejercicio de sus funciones. De ese grupo, ocho jefes comunales cuentan con escolta permanente de las unidades de Protección de Personas Importantes (PPI) de Carabineros o la PDI.
El fenómeno salpica con la misma fuerza al propio sistema judicial. Valencia confirmó que 18 fiscales del Ministerio Público se encuentran hoy con protección policial por presiones de la delincuencia, 10 de ellos con resguardo policial asignado las 24 horas. El persecutor jefe explicó que este escenario es parte del avance del crimen organizado, que busca frenar la persecución penal mediante el soborno o la intimidación directa.
Fiscales regionales tomarán el control directo de las causas
Para responder a la escalada, el Ministerio Público modificó de inmediato su estrategia de investigación. Hasta ahora, la Fiscalía Metropolitana Sur centralizaba todas las indagatorias sobre amenazas a autoridades nacionales. Sin embargo, el volumen de denuncias saturó esa repartición, por lo que la institución decidió descentralizar los procesos.
A partir de ahora, cada fiscal regional deberá asumir de manera personal y directa las causas por amenazas a autoridades dentro de su jurisdicción. «Parece más razonable que los fiscales regionales vean directamente esa denuncia en razón del alto volumen», precisó Valencia, marcando un cambio en la conducción de estos casos.
Tensión por el presupuesto 2027 y el financiamiento del combate al delito
Durante su intervención, Valencia aprovechó la instancia para enviar un recado al Gobierno respecto a los recursos económicos previstos para el próximo año. El jefe del Ministerio Público manifestó su abierta disconformidad con la propuesta del Ministerio de Hacienda para el presupuesto 2027, advirtiendo que los plazos para contratar nuevos persecutores y desplegar la Fiscalía Supraterritorial se están dilatando en exceso.
«La persecución del crimen organizado es cara», advirtió Valencia ante los senadores, remarcando que la velocidad de respuesta del Estado frente a las bandas armadas no puede quedar frenada por trabas administrativas ni recortes financieros en el informe del Tesoro Público.
