Tras la controversia generada en el Concejo Municipal por la licitación de $129 millones, el edil apuntó a la falta de informes técnicos que acreditaran el estándar «antivandálico» de los recipientes y cuestionó que se pretendiera invertir casi un millón de pesos por unidad sin el debido respaldo.
El debate por el aseo en Iquique sumó un nuevo capítulo y las explicaciones no tardaron en llegar. Luego de que la mayoría del Concejo Municipal le cerrara la puerta a la licitación de $129 millones que pretendía instalar 134 nuevos basureros en el centro, el concejal Cristián Barra salió a aclarar la postura que terminó tumbando la propuesta.
Para el edil, el problema de fondo no es oponerse a mantener la comuna limpia, sino la falta de sustento técnico para respaldar un valor que roza lo absurdo a ojos del vecino común. «Uno nunca va a estar en contra del aseo, la limpieza y poder mejorar el retiro de basura en nuestra ciudad, pero no a un costo que genera bastantes cuestionamientos», argumentó Barra, haciendo eco de la molestia social por el monto de cada recipiente.
La prueba del «antivandalismo» que nunca llegó a la mesa
Desde el municipio argumentaban que el abultado precio se explicaba por los altos estándares del equipamiento y su supuesta resistencia ante destrozos. Sin embargo, la comisión evaluadora no entregó los documentos clave para validar esa característica antes de levantar la licitación al Mercado Público.
La falta de respaldo fue el detonante de la desconfianza en la mesa del concejo. Para comprobar que efectivamente se trataba de papeleras antivandálicas, resultaba indispensable un informe formal elaborado por la Dirección de Seguridad y Prevención de la Municipalidad de Iquique, documento que jamás estuvo disponible durante la discusión. Sin ese sustento en la mano, los cuestionamientos a la inversión millonaria se volvieron inevitables.
La brecha entre el presupuesto y la realidad local
Más allá de la falencia administrativa, el concejal puso el foco en el sentido común y la realidad económica que enfrentan las familias de la zona. Comprar mobiliario urbano a ese valor resultaba desproporcionado ante la mirada de la comunidad iquiqueña.
«La ciudadanía comparte que muchas de las personas en un mes de trabajo no alcanzan a ganar por concepto de sueldo lo que costaría un basurero», enfatizó Barra, justificando su voto de rechazo frente a una cifra que consideró desconectada del día a día de los trabajadores de la comuna. La fiscalización de los recursos públicos, insistió, debe mantener un equilibrio ético con lo que vive la ciudad.
