El mandatario cuestionó duramente la orden del Juzgado de Garantía de Iquique que echó atrás el traslado a Talca de cuatro peligrosos reos. Aseguró que este tipo de fallos entorpece la estrategia contra el crimen organizado y permite que los imputados vuelvan a su «zona de confort».
Polémica abierta en el combate al crimen organizado en el norte. Durante su intervención en la ceremonia por el Día del Camionero, el presidente José Antonio Kast apuntó directamente contra la resolución judicial que ordenó el regreso de cuatro integrantes del Clan Chen al penal de Alto Hospicio, echando por tierra su derivación previa a la cárcel La Laguna de Talca.
Los reclusos habían sido movilizados al sur del país en el marco de la «Operación Cancerbero», una estrategia diseñada específicamente para aislar a bandas de alta peligrosidad. Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Iquique revocó el procedimiento al determinar que el informe técnico presentado por Gendarmería no cumplía con los estándares requeridos para justificar el traslado.
«Vuelven a un lugar más cómodo»
El mandatario no ocultó su molestia ante el revés que sufrió la estrategia penitenciaria y cuestionó las trabas que enfrenta el Ejecutivo al intentar endurecer el régimen de reclusión de bandas complejas. «Estamos interviniendo fuertemente en algunos barrios, se están haciendo operativos en las cárceles, requisando elementos ilegales. Estamos haciendo traslados, a pesar del hacinamiento, pero nos encontramos con problemas», recriminó el Jefe de Estado.
Kast apuntó al contraste entre los derechos de la defensa y la labor diaria de los funcionarios de custodia. «Trasladamos crimen organizado y nos ponen un recurso y dicen: ‘Es que este señor tiene que volver a donde se sienta confortable’. Oiga, pero si este señor es un asesino, este señor es parte del crimen organizado», enfatizó.
En esa misma línea, el Presidente respaldó el accionar del personal penitenciario frente a las decisiones de los tribunales. «¿Dónde queda la autoridad de Gendarmería? Una institución noble que hace bien su trabajo y de repente alguien decide poner un recurso y se resuelve que esa persona vuelve a un lugar más cómodo», cuestionó.
Debate constitucional por la seguridad pública
Aunque recalcó mantener un «absoluto respeto» por la institucionalidad y descartó buscar un enfrentamiento directo con el Poder Judicial, el mandatario aprovechó la tribuna para insistir en la necesidad de reformar el marco constitucional respecto al rol del Estado en materia delictual.
Según planteó, existe una diferencia sustancial cuando el texto fundamental explicita la seguridad ciudadana desde su encabezado. «La Constitución ve la seguridad nacional, pero no dice seguridad pública. ¿Cuál es el primer rol del Estado? Darle seguridad a las personas», cerró el Presidente.
La determinación del tribunal iquiqueño encendió las alarmas en el sector, ya que sienta un precedente que podría complicar futuros traslados masivos de reos peligrosos desde los recintos penitenciarios de Tarapacá hacia el resto del país.
