A través de una indicación al proyecto que intenta derogar la legítima defensa privilegiada, los parlamentarios del PC proponen subir el «piso» de las sanciones para los uniformados que cometan tratos crueles que no constituyan tortura. La propuesta desató un duro rechazo en la Comisión de Constitución, donde advierten que un simple zamarreo podría terminar con penas efectivas de presidio.
La tensión legislativa en torno a la función policial sumó un nuevo capítulo en el Congreso. La bancada de diputados del Partido Comunista impulsa una propuesta que busca endurecer los castigos a Carabineros y la PDI por apremios ilegítimos, elevando el piso mínimo de las penas para aquellos funcionarios públicos que apliquen tratos crueles, inhumanos o degradantes que no alcancen la categoría de tortura.
La iniciativa forma parte del proyecto presentado en junio pasado —con firmas de parlamentarios como Lorena Pizarro, Nathalie Castillo, Luis Cuello y el independiente FA Jaime Bassa— que apunta a derogar parcialmente la Ley Nain-Retamal, eliminando la figura de la legítima defensa privilegiada para los efectivos en el ejercicio de sus funciones.
DE 541 DÍAS A 3 AÑOS DE CÁRCEL: LA PROPUESTA DEL PC
Actualmente, el Código Penal sanciona la figura de los apremios ilegítimos con penas que van desde los 541 días hasta los 5 años de presidio. Lo que plantea el texto del PC es modificar la norma para que el castigo mínimo parta en los 3 años y un día, extendiéndose hasta los 5 años de cárcel, fijando la sanción en el grado máximo de presidio menor.
Una de las autoras del proyecto, la diputada Lorena Pizarro, defendió con fuerza el endurecimiento de las penas, acusando la existencia de una «ofensiva de impunidad» que, según sus palabras, da garantías de actuación a las policías sin mayores resguardos.
«No puede ser que tengamos una legislación que favorezca transformar a las policías en verdaderas máquinas de matar, porque hay una ley que los favorece en todo. Ante tanto horror tenemos el derecho y la obligación de buscar sancionar con mayor fuerza aquellos actos que cometan agentes del Estado», argumentó la parlamentaria.
TRANSVERSAL RECHAZO EN LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN
La propuesta encontró un muro de contención dentro de la propia Comisión de Constitución de la Cámara, donde parlamentarios de distintos sectores manifestaron su completo desacuerdo con la idea de elevar los castigos a los uniformados.
El presidente de la instancia, el diputado Jaime Mulet (FRVS), marcó distancia de la postura del PC y advirtió sobre los riesgos de rigidizar las sanciones en actuaciones policiales cotidianas.
«No soy partidario de aumentar las penas a los policías. Estamos hablando de un ilícito que no es tortura (…). Tenemos que considerar que ya está sancionada esa conducta y que endurecer conductas a los policías hace muchas veces que sea más difícil tener ciudadanos dispuestos a asumir el rol», enfatizó Mulet, ejemplificando que un apremio sin llegar a ser tortura podría ser incluso un «zamarreo».
En la misma línea, el diputado Luis Sánchez (Partido Republicano) acusó un sesgo ideológico por parte de los promotores de la iniciativa, asegurando que el trasfondo de la propuesta busca desproteger el actuar policial en momentos donde la seguridad pública es la principal prioridad de la ciudadanía.
La iniciativa permanece radicada en la Comisión de Constitución, donde se anticipa un complejo debate cruzado por las distintas agendas de seguridad y las reformas al código penal.
