La iniciativa busca otorgar herramientas concretas al personal militar desplegado en zonas de emergencia o catástrofe, autorizándolo a realizar controles de identidad, revisión de vehículos y retenciones por flagrancia. Tras ser respaldado por 119 votos a favor, el texto pasó a su segundo trámite constitucional.
La Cámara de Diputadas y Diputados dio un paso decisivo al aprobar y despachar al Senado el proyecto de ley que modifica la Ley Organića Constitucional de los Estados de Excepción (N°18.415). La iniciativa faculta formalmente al personal de las Fuerzas Armadas desplegado en zonas bajo estado de emergencia o catástrofe para realizar controles de identidad, registro de vestimentas, revisión de equipajes y vehículos, y detenciones por flagrancia.
El proyecto busca resolver una traba operativa recurrente en el terreno, permitiendo que los militares actúen de inmediato cuando detecten delitos flagrantes. Eso sí, la norma exige que cualquier persona retenida deba ser entregada de forma inmediata a Carabineros o a la PDI en el punto más cercano disponible.
SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS EN ZONAS DE CRISIS
Quienes impulsan y apoyaron la propuesta remarcaron que resulta contradictorio mantener a tropas militares desplegadas en puntos críticos sin herramientas básicas para actuar ante un ilícito. Los parlamentarios a favor enfatizaron que la ley no busca reemplazar la labor de las policías, sino entregar facultades acotadas y específicas para regular una situación que ocurre de facto en el territorio.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respaldó el avance de la norma señalando que la iniciativa responde a una realidad operativa del país, recordando el trabajo de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur, la frontera norte y distintas catástrofes naturales. Arrau aclaró que la medida no altera los controles judiciales ni reduce las responsabilidades administrativas, penales o civiles ante eventuales abusos.
RESERVA DE CONSTITUCIONALIDAD Y CRÍTICAS EN LA SALA
Pese al respaldo de 119 votos, la iniciativa cruzó reparos y sumó 27 votos en contra. El diputado Marcos Ilabaca hizo presente una reserva de constitucionalidad, argumentando que la ley traspasa atribuciones propias de la Seguridad Pública a las Fuerzas Armadas sin una habilitación constitucional expresa en el texto fundamental.
En esa misma línea, parlamentarios detractores advirtieron que la norma implica un riesgo doble: expone a la ciudadanía a fiscalizaciones invasivas realizadas por personal sin formación policial y busca tapar la falta de dotación de Carabineros sobrecargando el rol de los militares. Tras cerrar su debate en la Cámara Baja, el texto legal ya pasó al Senado para continuar su segundo trámite constitucional.
