En medio de su gira por el norte junto al Presidente José Antonio Kast, el ministro Jorge Quiroz aclaró que la estatal no se venderá, pero enfatizó que incorporar socios o vender activos prescindibles es una vía real para reflotar a la mayor productora de cobre del mundo. La postura busca hacer frente a una compleja crisis financiera marcada por una deuda bruta que supera los US$ 26.000 millones.
El debate minero en Chile subió varios grados de temperatura y el equipo económico del gobierno tuvo que salir a marcar la cancha de forma directa. Durante una visita a las zonas afectadas del norte del país, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó de frente la polémica generada por la idea del Partido Republicano de privatizar Codelco, zanjando una postura que busca equilibrar el pragmatismo financiero con el resguardo del patrimonio nacional.
La orden del día en La Moneda es clara: la cuprífera no se vende por completo, pero tampoco hay espacio para dogmatismos si se quiere reflotar a la mayor productora de cobre del mundo.
«HAY QUE SER PRÁCTICOS»: LA FÓRMULA DE HACIENDA PARA SACAR A LA ESTATAL DE LA CRISIS
El jefe de las arcas públicas no tuvo rodeos para plantear que la empresa necesita oxígeno fresco y que el ingreso de actores privados a la propiedad de la estatal es una alternativa que está sobre la mesa, siempre y cuando el Estado preserve la mayoría y el mando de las operaciones.
«Queremos decir que la posición del gobierno en esta materia es siempre buscar que Codelco se asocie, que a lo mejor incorpore capital privado en algún minuto, pero nunca deje de ser una empresa controlada por el Estado», puntualizó Quiroz durante el despliegue territorial.
El titular de Hacienda fue más allá y dejó entrever que el escenario exige soluciones ágiles para una compañía estatal golpeada por sus balances:
«Asociaciones con privados, eventualmente aporte de capital privado, por qué no. Hay que ser práctico; hay que sacar a la compañía adelante. Quizá venta de algunos activos que son prescindibles, pero Codelco sigue siendo Codelco», enfatizó.
Esta visión se alinea con lo expuesto días antes por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y el ministro de la Segpres, José García, quienes ya habían descartado de plano una venta total de la corporación. No obstante, las palabras de Quiroz abren un matiz respecto a lo expresado por el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, quien se inclinaba únicamente por asociar proyectos específicos sin tocar la propiedad del 100% estatal.
UNA DEUDA SOBRE LOS US$ 26.000 MILLONES Y NÚMEROS EN ROJO
El trasfondo de esta discusión no es teórico ni ideológico, sino profundamente contable. La crisis que atraviesa Codelco encendió las alarmas de las autoridades económicas tras revelarse que su deuda bruta supera los 26 mil millones de dólares, cifra cuatro veces mayor al promedio de las grandes mineras privadas que operan en el país.
Los fríos números que maneja el directorio lo dicen todo:
- Intereses por los cielos: En 2025 la estatal desembolsó US$ 1.127 millones solo para pagar intereses de su deuda, casi el doble de lo que pagaba en 2018.
- Caída en la producción: De rozar los 1,8 millones de toneladas en 2018, la producción propia cayó a 1,33 millones de toneladas en 2025.
- Costos disparados: Los costos y gastos de la compañía crecieron un 43% en los últimos cuatro años, llegando a incrementarse hasta un 80% por tonelada producida.
- Aportes financiados con deuda: Aunque aportó US$ 1.778 millones al Fisco en 2025, el propio Bernardo Fontaine advirtió que en los últimos cuatro años Codelco generó US$ 7.000 millones para el Estado, pero al mismo tiempo se endeudó en US$ 8.700 millones para lograrlo.
LA OFENSIVA POLÍTICA Y EL FRENO EN EL CONGRESO
Pese a la presión ejercida por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, para acelerar una privatización parcial o total que allegue recursos frescos al Fisco, la idea no ha encontrado terreno fértil en el Parlamento.
Desde la oposición el rechazo fue inmediato y transversal, mientras que en las huestes de Chile Vamos la propuesta tampoco despertó gran entusiasmo. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sugirió que si bien es un debate que puede analizarse a futuro, la prioridad legislativa urgente debe seguir puesta en la agenda de seguridad ciudadana, enfriando cualquier intento de tramitación acelerada en el Congreso.
