Autoridades regionales y de Parinacota solicitaron formalmente al Consejo de Defensa del Estado que las acciones judiciales persigan la responsabilidad de la compañía de transportes y no se limiten únicamente al chofer del camión.
El daño ambiental provocado en uno de los ecosistemas más frágiles de la macrozona norte no puede quedar impune ni saldarse únicamente con la sanción a un chofer de camión. Con esa premisa, autoridades locales sostuvieron un encuentro estratégico con representantes del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para apretar el cerco judicial tras el grave derrame de soya ocurrido el año pasado en las aguas y riberas del Lago Chungará.
En la cita participaron representantes del Gobierno Regional y la Delegación Presidencial Provincial de Parinacota, quienes unificaron criterios para solicitar formalmente al CDE que amplíe la querella por daño ambiental. La meta es clara: perseguir la responsabilidad legal y patrimonial de la empresa de transportes involucrada en el incidente y no solo cortar el hilo por lo más delgado.
MÁS ALLÁ DEL CONDUCTOR: LA EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL
El incidente que movilizó a los servicios públicos puso en alerta a las comunidades altiplánicas y a los organismos de protección medioambiental de la Región de Arica y Parinacota. Si bien los primeros procedimientos judiciales apuntaron al chofer de la máquina que volcó el material sobre la ruta y el espejo de agua, las autoridades regionales coinciden en que la empresa mandataria debe asumir los costos del impacto ambiental y las obras de remediación.
Proteger la biodiversidad del Lago Chungará —ubicado a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar y dentro del Parque Nacional Lauca— requiere una señal contundente. Quien daña el patrimonio natural de la zona debe responder sin excepciones ni letra chica, postura que fue traspasada al equipo abogadil del Estado para robustecer la presentación ante los tribunales.
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA PROTEGER EL ALTIPLANO
La reunión busca acelerar los pasos procesales y asegurar que las sanciones sirvan de precedente para el constante flujo de carga pesada que transita por las rutas internacionales de la provincia. El trabajo conjunto entre el Gobierno Regional, la Delegación de Parinacota y el CDE apunta a resguardar los derechos de las comunidades originarias y el ecosistema altiplánico, garantizando que existan mecanismos de fiscalización y reparación efectivos ante eventuales emergencias en la zona fronteriza.
Las autoridades remarcaron que el monitoreo en la cuenca del lago continuará activo mientras avanza la causa en la justicia, insistiendo en que el resguardo de las reservas naturales de la zona es una prioridad innegociable para la administración regional.
