Tras la radical postura de campaña que apuntaba al cierre del organismo, el Ejecutivo opta por una vía intermedia. La Moneda matiza también su compromiso con los perdones presidenciales para evitar dinamitar los puentes legislativos con la oposición.
El tablero político se mueve rápido y los discursos de campaña empiezan a chocar de frente con el pragmatismo de gobernar. El Ejecutivo confirmó que ya trabaja en un anteproyecto de ley para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), una decisión que sepulta definitivamente la promesa inicial de clausurar el organismo.
El subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, validó la existencia de este borrador legal, aunque evitó amarrarse a un calendario o fijar una fecha límite para su ingreso al Congreso, desatando de inmediato una ola de dudas e interpretaciones cruzadas en todo el espectro político.
Este giro estratégico representa una moderación evidente respecto a los encendidos discursos del año pasado, cuando el entonces candidato presidencial aseguraba con total soltura que el INDH no defendía los derechos fundamentales y que la única opción viable era cerrarlo. Hoy la realidad de los votos en el Parlamento obliga a La Moneda a buscar matices, un cambio de timón que también salpicó a la controvertida promesa de aplicar indultos presidenciales, beneficio que ahora el palacio de Gobierno califica simplemente como una facultad que se usará solo cuando se estime estrictamente pertinente.
Presión desde la derecha por la autoría de los cambios
La noticia del anteproyecto no cayó del todo bien en los sectores que esperaban una postura más dura, y en la oposición tradicional salieron a marcar territorio de inmediato. Desde Renovación Nacional, la diputada Ximena Ossandón recordó que su partido ya tiene camino avanzado y que ingresaron previamente iniciativas propias para reestructurar la entidad.
Para las filas de RN, cualquier modificación estructural debe apuntar a la objetividad y la transparencia fiscal, eliminando lo que consideran un marcado sesgo ideológico en el actuar del instituto. La parlamentaria emplazó directamente al Ejecutivo a no aferrarse ciegamente al libreto de su campaña y a sentarse a trabajar sobre la base de las propuestas que la derecha tradicional ya tiene cocinadas en el Congreso, en lugar de refundar la discusión desde cero.
Alerta ante un posible desmantelamiento
En la otra vereda, el anuncio encendió las alarmas de los sectores que miran con desconfianza las reales intenciones de la actual administración en materia de memoria y reparación. La senadora del PPD, Loreto Carvajal, advirtió que una cosa es modernizar y otra muy distinta es desmantelar por secretaría, apuntando a que existe una animadversión histórica de algunos sectores del oficialismo hacia la labor del INDH.
Carvajal, quien integra la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, fue enfática en señalar que no permitirán que se introduzca una reforma destructiva por la puerta trasera. La legisladora llamó a dar un debate serio en el seno de la comisión y exigió que el Gobierno muestre una disposición real para negociar modificaciones sustantivas con altura de miras, resguardando la autonomía del organismo internacionalmente reconocido.
El freno de mano a los indultos para cuidar los pactos
La cautela del Palacio de Gobierno con el INDH y el congelamiento de los indultos presidenciales responde a un cálculo político milimétrico. Analistas y parlamentarios coinciden en que La Moneda busca desesperadamente evitar tensiones innecesarias con la oposición, sobre todo en momentos donde se juega el futuro de su megarreforma legislativa en el Congreso. Un paso en falso en una cancha tan minada como los derechos humanos podría romper los frágiles puentes de diálogo que el oficialismo necesita para sacar adelante su agenda macro.
Sin embargo, esta tregua técnica genera disconformidad en las alas más duras de la izquierda. La diputada comunista Lorena Pizarro criticó con dureza los compromisos pendientes del Mandatario y denunció una fuerte presión de la extrema derecha para perdonar a condenados por crímenes del pasado.
Según la mirada de Pizarro, el retraso y la falta de claridad en estos anuncios demuestran las contradicciones internas de una administración que prometió liberar a militares recluidos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y la revuelta popular, pero que hoy prefiere mantener los papeles bajo llave para no incendiar la pradera legislativa.
