Una fiscalización de rutina tras un tenso incidente político derivó en la reactivación de causas judiciales pendientes en el norte del país. El Juzgado de Garantía de Iquique dictaminó la medida cautelar de arraigo nacional para la mujer que protagonizó una fuerte discusión con el presidente de la República, José Antonio Kast, durante una ceremonia oficial de entrega de títulos de dominio efectuada en la comuna de Villarrica, Región de La Araucanía.
Los hechos que originaron su captura se desencadenaron inmediatamente después del altercado con el Mandatario, momento en que personal de Carabineros procedió a realizar un control de identidad preventivo. La abogada de la Fiscalía, Carla Espinoza, detalló pormenorizadamente el procedimiento manifestando que «al verificar sus antecedentes, se percataron de que mantenía dos órdenes de detención vigentes y, en virtud de eso, se procede a su detención. Las órdenes son de distintos juzgados: el Juzgado de Garantía de Iquique y el Juzgado de Garantía de Punta Arenas«.
Tras ser arrestada el pasado jueves y quedar inicialmente bajo la medida de prisión preventiva, este sábado se desarrolló la audiencia telemática correspondiente ante el tribunal iquiqueño. En la instancia, el magistrado decretó el arraigo nacional de la imputada y fijó un plazo de investigación de 60 días, además de programar una nueva cita judicial para el próximo 27 de agosto a las 10:00 horas, instancia donde se evaluará un eventual procedimiento abreviado o la prescripción definitiva de la causa penal.
Respecto al ilícito por el cual es perseguida en la Región de Tarapacá, el Ministerio Público sostiene que la mujer, actuando en complicidad con un segundo involucrado, simulaba la venta de teléfonos celulares de alta gama a través de redes sociales. En dicho contexto, la víctima contactó a los oferentes para adquirir un equipo tecnológico por un valor total de $330.000 con promesa de envío a Iquique.
Para concretar la supuesta adquisición, el afectado realizó dos transacciones bancarias, transfiriendo $250.000 a la cuenta del coimputado y los restantes $80.000 directamente a la cuenta de la mujer. Una vez que los depósitos en dinero fueron exitosamente validados, los estafadores cortaron todo tipo de comunicación con el comprador, bloqueando sus perfiles y dejando de responder los mensajes, sin hacer nunca entrega del aparato móvil comprometido.
