El Máximo Tribunal rechazó de forma unánime los recursos de nulidad de los hermanos Antihuén, dejando a firme la máxima pena de la legislación chilena. Para el colaborador Nicolás Rivas se confirmaron 17 años de cárcel en un fallo dividido, poniendo fin al proceso judicial por el brutal crimen de los uniformados que conmocionó al país.
En un fallo histórico y de carácter definitivo, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema ratificó las severas condenas dictadas contra los responsables del cruento atentado que terminó con la vida de tres funcionarios policiales en la macrozona sur. El Máximo Tribunal resolvió rechazar de forma unánime los recursos de nulidad interpuestos por las defensas, validando en su totalidad el juicio desarrollado por el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, Región del Bío Bío.
Con esta resolución judicial, quedan a firme e inapelables las penas de presidio perpetuo calificado en contra de los hermanos Felipe, Jefferson y Tomás Antihuén Santi, sindicados como los autores materiales del horrendo crimen de los funcionarios policiales Misael Vidal, Sergio Arévalo y Carlos Cisterna.
Unánime para los autores y voto dividido para colaborador
El dictamen del tribunal de última instancia sepultó de manera definitiva cualquier opción de repetir el juicio para los tres principales implicados. Sin embargo, la revisión del caso del cuarto condenado, Nicolás Rivas Paillao, marcó la única discrepancia de la jornada. La Suprema ratificó su condena a 17 años de presidio efectivo en calidad de colaborador de los homicidios, pero en un voto dividido (3-2), donde dos de los cinco ministros de la Sala Penal estuvieron por acoger la nulidad y ordenar un nuevo proceso para su causa particular.
El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, quien lideró la extensa y reservada indagatoria que unió los esfuerzos del Ministerio Público y las policías, valoró profundamente el contundente respaldo judicial.
“Fue un proceso extremadamente complejo, con muchas dificultades. Afortunadamente, el trabajo coordinado entre las fiscalías del Bío Bío y La Araucanía, junto con personal especializado de Carabineros y otros órganos del Estado, nos permitieron sortear estas dificultades y obtener medios de convicción sólidos que significaron establecer la dinámica de los hechos y no dejar lugar a dudas en la participación de las personas que fueron condenadas por este caso”, expuso con firmeza el persecutor Garrido.
Disconformidad en la defensa de Rivas y notificación a las viudas
En la contraparte, el abogado defensor de Rivas Paillao, Marco Ñanculeo, exteriorizó su desazón ante el adverso escenario judicial, aunque se aferró al argumento técnico del voto de minoría. “Esta es una decisión que a nosotros, la verdad, nos desmotiva totalmente, toda vez que teníamos la esperanza en que el Máximo Tribunal acogiera alguna de las causales presentadas… Sin perjuicio de aquello, es dable señalar que este es un fallo que es dividido, no es unánime, a diferencia de los otros coimputados”, puntualizó el jurista.
La histórica resolución de la Corte Suprema cierra definitivamente una de las páginas más negras y dolorosas de la historia policial reciente de Chile. Tras la firma del cúmplase, el propio fiscal regional Roberto Garrido se encargó de comunicar de manera preferente y personal el dictamen judicial a las viudas de los tres carabineros asesinados, entregando la certeza de que el engranaje de la justicia operó de forma implacable y con condenas irrevocables para los autores del atentado de Cañete.
