Un enérgico llamado a la acción gubernamental realizó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien tras reunirse con parlamentarios de la zona aseguró estar convencido de que en Alto Hospicio se debe dictar un Estado de Catástrofe. La autoridad sectorial argumentó que la crisis provocada por el suelo salino se transformó en un «terremoto silencioso» que ya afecta a más de 10 mil familias en el norte de Chile, incluyendo realidades críticas detectadas en Arica y Antofagasta, por lo que se requiere el apoyo urgente del Congreso para conseguir fondos transitorios adicionales mediante un mecanismo de emergencia, tal como se gestiona en cualquier desastre de gran magnitud.
Ante el complejo escenario legislativo y presupuestario, el secretario de Estado asumió el compromiso de impulsar un proyecto de ley que permita regular la reparación de estas fallas estructurales que actualmente están ausentes de la normativa vigente. Asimismo, la autoridad anunció un plan específico enfocado de manera prioritaria en cerca de mil viviendas críticas que requieren demolición y relocalización inmediata, asegurando que el avance del daño en los terrenos constituye un peligro inminente que puede generar un desastre mayor si no se interviene a tiempo.
Esta urgencia presupuestaria coincide con un alarmante catastro de la Municipalidad de Alto Hospicio, el cual reveló la magnitud de la problemática a nivel local al registrar 579 viviendas particulares y 150 departamentos con decretos de demolición total, además de 176 inmuebles con orden de demolición parcial y 488 departamentos bajo decretos de desalojo voluntario. Estos antecedentes técnicos ya fueron remitidos por la casa edilicia a la Seremi de Vivienda, sirviendo como base para las mesas de trabajo urgentes que lidera el alcalde de la comuna, Patricio Ferreira, junto a la delegada presidencial, Adriana Tapia, para agilizar las vías de financiamiento.
Por su parte, el seremi del Minvu, Alonso Velásquez, ratificó que la prioridad habitacional de la gestión es optimizar las herramientas técnicas y acelerar la ejecución de las faenas de erradicación en las zonas más dañadas. La autoridad regional precisó que las condiciones del suelo significan un desafío que involucra a múltiples actores institucionales debido a las complejidades de las obras requeridas, confirmando que a la fecha ya se han demolido 10 blocks que suman 224 unidades habitacionales y que durante el presente año se contempla licitar la demolición de otros 13 blocks correspondientes a los comités Doña Ángela I, II y III.
En tanto, los residentes manifestaron su total respaldo a la necesidad de intervenir la zona bajo una condición de catástrofe que agilice los procesos burocráticos del aparato estatal. La presidenta de la Unión Comunal y dirigenta de La Pampa, Rosa González, advirtió que las familias de los distintos sectores llevan más de 12 años reclamando una solución habitacional real y que actualmente viven con el miedo diario de que las estructuras, que ya muestran las paredes completamente abiertas, colapsen ante un sismo fuerte, alertando además sobre el impacto social secundario que sufren los vecinos debido a que los inmuebles desalojados o con órdenes de demolición terminan siendo tomados ilegalmente por terceras personas mientras los afectados esperan por más de un año el pago de sus subsidios de arriendo.
