Una preocupante radiografía a la morosidad del Crédito con Aval del Estado (CAE) quedó al descubierto tras revelarse las cifras de cobranza de la Tesorería General de la República (TGR). El informe situó a la Región de Tarapacá en el primer lugar del Norte Grande y segundo nacional con la mayor cantidad de deuda acumulada por este concepto, alcanzando la preocupante cifra de $449.319 millones de pesos.
A nivel país, el escenario es crítico, ya que la deuda total ascendiente supera los $4,1 billones de pesos, lo que equivale a más de 10 hospitales de alta complejidad como el de La Serena. En este contexto, Tarapacá lidera la morosidad de la macrozona norte, siendo superada a nivel nacional únicamente por la Región de Arica y Parinacota, que registra un pozo de $1.817.447 millones.
Frente a este escenario de alta morosidad, la Tesorería activó una fuerte ofensiva de embargos bancarios y retención de dineros de la Operación Renta para recuperar los recursos públicos. Esta medida ya impacta directamente a 1.535 personas a nivel nacional, logrando captar $4.207 millones mediante estos mecanismos forzosos durante este año.
Para contener las acciones judiciales, los deudores han interpuesto 2.280 recursos de protección ante los tribunales del país; sin embargo, las estrategias legales han fracasado drásticamente debido a que el 82,7% de estos requerimientos fue declarado inadmisible por la justicia, ratificando la legalidad de los embargos a las cuentas bancarias de los morosos.
AUTORIDADES DEFIENDEN EMBARGOS ANTE ALTA MOROSIDAD
Desde los organismos técnicos defendieron el endurecimiento de las medidas de cobranza, asegurando que se trata de una herramienta clave para la recaudación fiscal. De hecho, se estima que este año el Estado deberá pagar $4,4 billones en garantías a los bancos debido a los incumplimientos de los estudiantes, lo que equivale a 1,1 puntos porcentuales del PIB.
Respecto a la legitimidad y la antigüedad de estos procedimientos forzosos, la Tesorería General de la República aseguró en el informe que «el embargo y retención de activos financieros es una medida utilizada por TGR hace más de 15 años y que ha implicado permanentes coordinaciones con la CMF y la banca nacional. Los activos financieros son más del 70% de los embargos que realiza la entidad cada año».
Pese a la intensidad de los embargos, desde el Gobierno recordaron que existen alternativas vigentes para evitar los remates y congelamiento de cuentas. Actualmente, el 81% de los deudores del CAE podría suscribir convenios de pago abonando tan solo 1 UTM (aproximadamente $71.506), beneficio al que ya han accedido 15.500 personas para regularizar su situación financiera.
