Con siete votos a favor y dos en contra, la instancia legislativa de la Cámara de Diputados visó en general la iniciativa. El debate estuvo marcado por el respaldo de Carabineros ante el menoscabo a su personal y los reparos técnicos en torno a la proporcionalidad y los medios de prueba.
Un paso decisivo anotó la agenda legislativa destinada a robustecer las facultades y el resguardo de las fuerzas de orden y seguridad en el país. La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó este martes, en general, el proyecto de ley que sanciona con mayor severidad los insultos, agresiones y menoscabos dirigidos contra funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones (PDI) en el ejercicio de sus cargos.
La propuesta legal, impulsada de forma prioritaria por la bancada de Renovación Nacional (RN) en lo que se ha denominado el corazón de la agenda Nain-Retamal 2.0, logró sortear su primer trámite reglamentario tras recibir siete votos a favor y dos en contra. El avance de la moción parlamentaria se agilizó luego de que el gobierno del Presidente José Antonio Kast le otorgara el carácter de urgencia simple para asegurar su discusión.
Apoyo institucional y el foco en las agresiones a funcionarias
La sesión contó con un alto perfil institucional debido a la asistencia de las máximas autoridades de las policías, la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público. Durante su exposición, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, respaldó con firmeza el espíritu de la normativa: «Me corresponde velar por la seguridad y funcionamiento de la institución», sostuvo.
La máxima autoridad de la policía uniformada valoró la iniciativa, haciendo un hincapié particular en el resguardo a las funcionarias mujeres, detallando que el personal femenino suele ser el blanco principal de insultos de grueso calibre durante los procedimientos de orden público y fiscalizaciones en las calles.
En la contraparte técnica, la defensora nacional de la Defensoría Penal Pública, Verónica Encina, planteó explícitos reparos ante los diputados. Encina advirtió sobre problemas en la redacción del proyecto, la interpretación judicial de las futuras sanciones y la proporcionalidad de las mismas frente a otros delitos contemplados en el Código Penal.
El debate parlamentario: Definición de ofensas y el nudo de las pruebas
La discusión entre los legisladores expuso las diversas visiones sobre cómo abordar el respeto a la autoridad. El diputado del Partido Republicano, Enrique Bassaletti, recogió las dudas de la Defensoría y propuso una tipificación más estricta para el concepto de «ofensa grave», definiéndola como «expresiones o actos que por su naturaleza, intensidad o concepto, tengan por objeto humillar, denostar o degradar la función policial a quien la ejerce».
Por su parte, desde la oposición al proyecto, el diputado del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, criticó la estrategia del Ejecutivo, argumentando que el problema de fondo del país es el crimen organizado y no el orden público superficial. Leiva cuestionó que se inicie un trámite desde cero cuando ya existen varios proyectos de ley similares en segundo trámite constitucional a los que se les pudo dar urgencia.
El diputado Jaime Araya (ind-PPD), coautor de la moción, votó a favor pero advirtió un complejo escenario procesal: «Esto va a ser muy problemático, porque la víctima va a ser el propio funcionario policial y, desde ese punto de vista, quien va a suministrar los medios de prueba serán los mismos, entonces falta resolver cómo será el tema probatorio», argumentó, exigiendo que se resuelva de forma paralela la entrega de cámaras corporales para los uniformados.
Policías empoderadas y plazos legislativos
Tras la contundente votación, los autores del proyecto celebraron el resultado. El diputado Mauro González (RN) valoró el respaldo transversal: «Está avanzando la ley Nain-Retamal 2.0 que hemos propuesto. Busca aumentar sanciones a aquellos que maltratan, agreden e insultan a Carabineros y funcionarios de la PDI«.
En esa misma línea, su par Francisco Orrego (RN) enfatizó la necesidad de un cambio de paradigma en el respeto a los uniformados:
«No hay ninguna política de seguridad pública que pueda tener éxito sin policías empoderadas y respetadas. Es necesario que quienes han socavado por años la autoridad de Carabineros sepan que esto cambió, y que desde hoy no se aceptarán más insultos y menoscabos en una mal entendida libertad de expresión«, sentenció Orrego.
Tras la aprobación en general, la Comisión de Seguridad Pública determinó fijar como plazo definitivo hasta el próximo 6 de julio para recibir las indicaciones particulares por parte de los parlamentarios y el Ejecutivo, iniciando así la redacción al detalle del articulado que será votado en particular antes de su paso a la Sala de la Cámara.
