A través de la creación del «Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades», el Ejecutivo busca castigar con dureza de forma administrativa y económica a los destructores del espacio público, suspendiéndoles el acceso a bonos, becas, viviendas y hasta el pasaporte por un plazo de cinco años.
El debate sobre la seguridad y el resguardo de la infraestructura urbana en Chile acaba de dar un giro drástico. El Gobierno presentó un proyecto de ley que busca castigar de forma administrativa y económica a todas aquellas personas que cometan actos de vandalismo o «incivilidades» que afecten directamente la convivencia y los espacios comunes del país.
La columna vertebral de esta propuesta es la creación del inédito «Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades», un listado oficial que será administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación. El ingreso a este registro significará un golpe inmediato al bolsillo y a las oportunidades de desarrollo de los infractores, quienes quedarán inhabilitados para acceder a una amplia gama de subsidios, becas, fondos públicos y beneficios estatales que otorga el Estado.
Con esta medida, las autoridades apuntan a un objetivo central: desincentivar de manera radical las conductas que dañen bienes públicos, infraestructura comunitaria y servicios esenciales, trasladando el costo de la destrucción directamente a las garantías estatales del responsable.
La lista del veto estatal: Estos son todos los beneficios que se perderán
El proyecto de ley estipula que quienes sean incorporados a este nuevo registro por condenas ligadas al vandalismo enfrentarán la suspensión o prohibición temporal (de hasta cinco años) de los siguientes derechos y beneficios:
1. Vivienda y Transporte Público
- Subsidios Habitacionales: Se aplicará una prohibición total para postular o ingresar a los programas habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Esto incluye beneficios emblemáticos como el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, los programas de Integración Social y Territorial, los de Habitabilidad Rural y el Sistema Integrado de Subsidio Habitacional.
- Subsidio de Arriendo: Los infractores verán suspendido o prohibido su acceso al Programa de Subsidio de Arriendo de Vivienda.
- Tarifas rebajadas en transporte: Se procederá a inhabilitar el uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) y se les retirará el beneficio de tarifa rebajada para adultos mayores en la red de transporte público.
- Licencia de conducir: La normativa aplicará la prohibición de obtener o renovar la licencia de conducir, u ordenará su inmediata suspensión.
2. Educación, Ciencia y Cultura
- Becas y Gratuidad Universitaria: El proyecto establece una prohibición total para acceder a las becas de Educación Superior del Ministerio de Educación, así como a las becas de postgrado. En casos calificados como especialmente graves, se suspenderá o prohibirá el acceso a la Gratuidad universitaria.
- Fondos de Investigación: Los sancionados no podrán postular ni recibir fondos públicos para investigación e innovación financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) ni por el Ministerio de Ciencia.
- Pase Cultural y Fondos Artísticos: Se restringirá el beneficio monetario del «Pase Cultural» y se dictará la inhabilitación para postular como responsable o ejecutor de proyectos a los codiciados fondos concursables del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Restricciones civiles, comerciales y pérdida de pensiones
El impacto del proyecto va más allá de las ayudas sociales básicas, tocando trámites de libre circulación y pensiones especiales:
- Pensión Garantizada Universal (PGU) y Pensiones de Gracia: La iniciativa determina la pérdida de la pensión de gracia entregada por el Presidente de la República. Además, ante delitos calificados como especialmente graves, se prohibirá o suspenderá el acceso a la Pensión Garantizada Universal (PGU) por un lapso de cinco años.
- Pasaporte y viajes: Se activará la expresa prohibición de obtener o renovar el pasaporte, limitando la salida del país del infractor.
- Retención de impuestos: Si el vandalismo derivó en una multa económica que se mantiene impaga, la Tesorería General de la República retendrá el monto equivalente de la devolución anual de impuesto a la renta.
- Comercio en la vía pública: Los municipios revocarán de inmediato los permisos precarios o concesiones para el uso o explotación de bienes nacionales de uso público, quedando el sancionado impedido de solicitar nuevos permisos comerciales.
- Derechos Municipales: Se eliminarán temporalmente las exenciones o rebajas en el pago de los derechos de aseo domiciliario.
Bloqueo absoluto a estadios, conciertos y casinos
Finalmente, la propuesta legal no solo busca un ahogo financiero y habitacional, sino también un fuerte aislamiento social en el ámbito del entretenimiento. Las personas que ingresen al Registro Nacional de Actos Vandálicos tendrán una estricta prohibición de asistir a espectáculos masivos, a partidos de fútbol profesional (reforzando los sistemas de derecho de admisión) y se les denegará el ingreso a todos los casinos de juego del país.
El proyecto de ley iniciará ahora su tramitación legislativa en el Congreso Nacional, donde se anticipa un intenso debate respecto a la proporcionalidad de las sanciones administrativas y el impacto que esto tendrá en el núcleo familiar de los condenados.
