La iniciativa legal busca obligar a madres, padres y tutores a involucrarse activamente en la supervisión de menores de edad. El texto legislativo entrega nuevas herramientas a los tribunales de familia, prioriza la intervención psicológica temprana y agiliza las indemnizaciones por daños causados por adolescentes.
En una actividad pública realizada en las dependencias de la Municipalidad de Independencia, el Presidente José Antonio Kast firmó este jueves el proyecto de ley de Responsabilidad Parental, una ambiciosa iniciativa legislativa que tiene como propósito central exigir de manera estricta el deber de cuidado, formación, orientación y supervisión de niños, niñas y adolescentes (NNA) por parte de sus progenitores y tutores legales.
El proyecto de ley ingresará al Congreso con un marcado énfasis en la prevención y la intervención temprana, dotando a los tribunales de familia de una nueva orgánica institucional para reforzar las competencias de crianza, apoyar a los núcleos familiares antes de que las problemáticas de conducta se agraven y, en casos extremos, sancionar de manera proporcional a quienes incumplan gravemente sus obligaciones básicas de cuidado.
Un llamado a «hacerse cargo»: El trasfondo de la iniciativa
Durante la ceremonia de firma del documento, el Mandatario reflexionó sobre el quiebre en la comunicación intra-familiar y la necesidad de restaurar el rol de la autoridad de los padres en el hogar. El Ejecutivo busca un cambio cultural profundo respecto a las obligaciones que conlleva la paternidad en la sociedad actual.
«Queremos que los papás vuelvan a sintonizar con el día a día de sus hijos, que es difícil y queremos hablar de eso, que es más profundo el significado de lo que es cuidar un hijo. Porque a veces nos vamos por la parte más fácil. Hagámonos cargo de nuestros hijos«, enfatizó de manera categórica el Presidente Kast durante su alocución ante las autoridades locales.
Ejes principales: De la intervención psicológica a la reparación económica
El articulado del proyecto de ley contempla una serie de medidas de carácter multidisciplinar, combinando el apoyo técnico a las familias con herramientas judiciales punitivas y de resarcimiento económico:
- Habilidades y revinculación: Se implementarán programas obligatorios de habilidades parentales y procesos especializados de revinculación familiar guiados por expertos.
- Salud mental obligatoria: El tribunal podrá ordenar medidas de atención psicológica o psiquiátrica tanto para los menores en riesgo como para sus cuidadores.
- Sanciones al abandono: Se estipulan castigos legales y administrativos proporcionales frente al incumplimiento persistente y grave de los deberes de supervisión.
- Justicia express en familia: La ley crea un procedimiento especial y más expedito para que los jueces de familia puedan dictar medidas cautelares de protección con rapidez ante escenarios de vulnerabilidad o delincuencia juvenil.
- Indemnizaciones civiles rápidas: Uno de los puntos más debatidos es el mecanismo que facilita la reparación económica de las víctimas, agilizando las demandas civiles de indemnización por daños materiales o personales causados por menores de edad directamente hacia el patrimonio de sus padres.
El texto legal concluye reafirmando la necesidad de robustecer una verdadera cultura de corresponsabilidad familiar, estableciendo que el Estado entregará las facilidades de apoyo técnico, pero siempre resguardando el interés superior del niño y obligando a los adultos responsables a responder ante la ley por el comportamiento y bienestar de sus hijos.
