La propuesta, clave en el proyecto del Subsistema de Inteligencia Económica, naufragó tras un infartante tablero de 24 votos a favor y 24 en contra. La ausencia por el retraso de un vuelo de la senadora Ximena Órdenes selló el rechazo de la norma, trasladando el debate a una instancia legislativa compartida.
En una jornada de altísima tensión política y con un desenlace que se definió por un margen milimétrico, la Sala del Senado rechazó la propuesta gubernamental que permitía el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa. El mecanismo, inserto dentro del corazón del proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, no logró superar el quórum legislativo al registrarse un inédito tercer empate consecutivo de 24 votos a favor y 24 en contra.
Con este resultado, la emblemática y controvertida disposición legal será derivada de forma obligatoria a una Comisión Mixta, instancia parlamentaria que se constituirá mañana miércoles y donde diputados y senadores deberán buscar una nueva fórmula de consenso a través de futuras indicaciones del Ejecutivo.
Un debate fracturado: ¿Ruta del dinero o resguardo judicial?
La discusión en torno a esta herramienta no es nueva y arrastra una profunda división política en el Congreso desde el año 2023. La norma en cuestión buscaba facultar directamente a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para requerir antecedentes bancarios protegidos, sin la necesidad de contar con una orden o autorización judicial previa, en tres escenarios específicos:
- Cuando la solicitud emanara de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) originado por una entidad bancaria.
- Cuando el ROS involucrara directamente a un funcionario público.
- Cuando el reporte estuviese vinculado a una persona jurídica (empresas).
Desde el bloque opositor (Frente Amplio, PC, PS y PPD) defendieron a rajatabla la medida, catalogándola como una herramienta indispensable para seguir de forma ágil la «ruta del dinero» del crimen organizado y las mafias internacionales. La urgencia de este debate había resurgido con fuerza en las últimas semanas tras el impacto de la «Operación Tokio», investigación que dejó al descubierto cómo ejecutivos bancarios mantenían vínculos con el Tren de Aragua para mover y lavar millonarios activos provenientes de ilícitos.
Por el contrario, desde las bancadas del oficialismo insistieron firmemente en que el acceso a la información financiera privada de los ciudadanos debe mantenerse exclusivamente bajo control de los tribunales, argumentando que el alzamiento del secreto bancario por vía administrativa vulnera garantías constitucionales. En la actualidad, este procedimiento opera principalmente por vía judicial en el marco de indagatorias penales activas.
Un vuelo retrasado definió el destino de la ley
El camino hacia la votación de este martes estuvo lleno de dramatismo. En la sesión inmediatamente anterior, la Sala ya había evidenciado un escenario de extrema estrechez con dos votaciones consecutivas empatadas a 23 votos, lo que obligó a postergar por reglamento la definición definitiva.
Finalmente, el destino de la norma se selló con el ingreso de un tercer empate en el tablero electrónico. Fuentes legislativas confirmaron que para este resultado fue clave la ausencia de la senadora Ximena Órdenes (IND-PPD). La parlamentaria de la oposición, cuyo voto era considerado indispensable para romper la paridad en favor del Gobierno, no logró llegar a la Sala del Senado debido a severos retrasos en su vuelo hacia la región de Valparaíso.
A pesar de que el legislador Miguel Ángel Calisto votó a favor alineándose con la propuesta administrativa, el marcador final se congeló en un insalvable 24-24. Ahora, las miradas se trasladan al palacio legislativo donde el oficialismo intentará rescatar o reformular la iniciativa ante la comisión bicameral.
