La auditoría del ente contralor detectó millonarios pagos sin respaldo y la elusión de la toma de razón entre 2023 y 2025 en el recinto asistencial. Debido a la gravedad de los hallazgos, que incluyen falsificación de documentos y conflicto de interés, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
Un verdadero terremoto administrativo y judicial sacude a la salud pública de la Región de Antofagasta. La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó interponer un reparo —demanda en juicio de cuentas— por un total exacto de $2.353.540.670 en contra del Hospital Carlos Cisternas de Calama, luego de detectar una serie de pagos improcedentes, contrataciones irregulares y severas falencias en los sistemas de control financiero dentro del recinto asistencial.
Los antecedentes, plasmados en el lapidario Informe N°673 de 2025, detallan que las anomalías se concentraron en un periodo auditado que abarca entre los años 2023 y 2025. Debido a la gravedad de los hallazgos, que apuntan a la eventual comisión de delitos funcionarios, el organismo fiscalizador dictaminó el inicio inmediato de un sumario administrativo y procedió a remitir todos los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que persigan las responsabilidades penales y civiles correspondientes.
Contratos «fantasma»: Millones gastados en aseo y seguridad sin acreditar funciones
La fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) determinó que el hospital loíno efectuó cuantiosos pagos en distintas líneas de servicios básicos pese a no contar con los respaldos documentales mínimos suficientes que permitieran validar que las labores contratadas efectivamente se ejecutaron.
Dentro de la cuestionada contabilidad del establecimiento de salud, el ente contralor desglosó las siguientes irregularidades:
- $783.330.661 en vigilancia y seguridad: Desembolsados por completo sin documentación que acredite la realización de las tareas, careciendo de contratos vigentes o planillas de asignación del personal correspondiente.
- $684.523.100 en servicios de aseo: Cuyo cumplimiento o ejecución real en las dependencias del hospital no pudo ser debidamente verificada por los fiscalizadores.
- $393.919.521 en «Gastos Generales»: Dineros visados bajo una glosa ambigua y con antecedentes deficientes que impiden establecer la procedencia, legalidad y razonabilidad del gasto.
- Más de $300 millones en otros contratos: Pagos adicionales que tampoco poseían un respaldo completo durante el periodo de la muestra, sumado a pagos en exceso generados por duplicidades y errores burdos que no fueron detectados a tiempo por las unidades de validación financiera.
Trampas a la ley: Elusión de toma de razón y falsificación de experiencia
Uno de los puntos más graves del informe técnico apunta a la elusión deliberada del trámite de toma de razón. El Hospital de Calama celebró contratos —tanto por licitaciones públicas como por tratos directos— cuyos montos superaban los límites legales permitidos, obligándolos a pasar por el examen previo de legalidad ante la Contraloría. Sin embargo, el recinto evitó enviar los decretos para su aprobación, provocando que dichos convenios presentaran vicios y errores de formulación desde su origen.
Asimismo, se detectó que el hospital aceptó la postulación y eligió sin justificación técnica la oferta de mayor valor económico, descartando alternativas que eran ostensiblemente más convenientes para las arcas fiscales.
Para peor, en contratos adjudicados a otra empresa por un monto de $558.158.273, se descubrió que los privados presentaron documentación inválida o abiertamente adulterada para simular experiencia compatible en los procesos licitatorios. La Contraloría constató que el recinto asistencial les otorgó el beneficio del contrato pese a que la firma ni siquiera contaba con un giro comercial vigente relacionado con las prestaciones requeridas.
Tráfico de influencias y nulo control interno
El componente más polémico de la auditoría quedó al descubierto al constatarse un evidente conflicto de interés que involucra de manera directa a un funcionario del Hospital Carlos Cisternas. Según el reporte fiscalizador, este trabajador mantenía una relación personal directa con la representante legal de la empresa contratista que resultó beneficiada con millonarios traspasos de fondos públicos.
Finalmente, el órgano de control fustigó la vulnerabilidad absoluta de los sistemas de control interno del recinto calameño. El informe concluye que existe una ausencia total de mecanismos efectivos para verificar si los documentos presentados por los proveedores son auténticos, una falta de aplicación adecuada de los manuales del Sistema de Compras Públicas y una preocupante omisión de funciones por parte de las unidades competentes encargadas de revisar y validar cada pago antes de emitir los cheques fiscales.
Con el juicio de cuentas ya decretado por la CGR, el centro de salud de la Provincia de El Loa arriesga severas sanciones civiles y la obligación de restituir hasta el último peso defraudado del erario nacional.
