El 7° Juzgado de Garantía de Santiago desestimó los peritajes psicológicos presentados por la Defensoría para rebajar la cautelar de la exmagistrada. La justicia determinó que los nuevos antecedentes refuerzan la existencia de vínculos económicos y pagos de terceros en los delitos de cohecho y lavado de activos que la mantienen recluida.
Un adverso escenario judicial ratificó el panorama de reclusión para una de las figuras más influyentes del Poder Judicial en el último tiempo. El 7° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó de forma categórica la solicitud de modificar la prisión preventiva aplicada a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien permanece privada de libertad desde el pasado 30 de enero de este año en el marco de la bullada e internacional «trama bielorrusa».
La abogada y otrora portavoz del máximo tribunal del país compareció a la audiencia bajo la modalidad telemática, conectándose desde el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín, donde ya completó un total de 125 días de reclusión ordinaria. La defensa penal pública, liderada por la abogada Patricia Alvarado, aspiraba a que su representada abandonara el recinto penal, fundamentando su petición en la condición de salud de la exjueza de 63 años y respaldándose en recientes peritajes psicosociales y psicológicos, los cuales resultaron insuficientes para convencer al magistrado.
Vínculos económicos y consistencia en lavado de activos
Al momento de fundamentar el rechazo de la cautelar, el juez Jaime Fuica sostuvo firmemente que las indagatorias avanzadas no hacen más que ratificar la tesis de la Fiscalía de Los Lagos. En su resolución, el magistrado precisó que:
“Los antecedentes obtenidos durante los meses posteriores a la formalización refuerzan la existencia de vínculos económicos, personales y funcionales entre los distintos imputados, permitiendo otorgar mayor coherencia y consistencia a la teoría investigativa que sustenta los delitos de cohecho y lavado de activos reiterados aludidos a la imputada, especialmente el concerniente de los pagos efectuados por terceros vinculados con ella”.
Bajo esta premisa, el tribunal estimó que los antecedentes médicos e informes incorporados por la Defensoría en la reciente audiencia no contaron con el peso suficiente para alterar las conclusiones alcanzadas el día en que se decretó originalmente la prisión preventiva, manteniéndose vigentes de forma estricta los requisitos de los literales A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, que la catalogan como un peligro para la seguridad de la sociedad.
La trastienda de los $90 millones y el millonario perjuicio a Codelco
Ángela Vivanco cumple sus días de presidio en un módulo especial dispuesto por Gendarmería de Chile en la comuna de San Joaquín, siendo de hecho la primera inquilina de este espacio reacondicionado por el sistema penitenciario. Esto, luego de las intensas críticas transversales del mundo político y judicial que apuntaban a la inexistencia de un recinto equivalente a la Cárcel Capitán Yáber para mujeres de alta connotación pública.
De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, el núcleo del fraude radica en la época en que la abogada integraba activamente la Corte Suprema. La Fiscalía sostiene que Vivanco recibió cerca de $90 millones de pesos para favorecer directamente al consorcio compuesto por la empresa estatal bielorrusa Belaz y la firma chilena Movitec, en medio de una millonaria disputa jurídica y contractual contra la estatal Codelco.
A raíz de aquellas sospechosas e irregulares resoluciones desfavorables emanadas desde el máximo tribunal chileno, la cuprífera estatal Codelco se vio obligada a desembolsar y pagar cerca de 17 mil millones de pesos al mencionado consorcio, configurando uno de los perjuicios económicos más masivos de la historia judicial reciente. Cabe recordar que por esta misma arista penal se encuentran bajo la misma medida de prisión preventiva su expareja, Gonzalo Migueles, junto con los abogados vinculados a Belaz Movitec, Eduardo Lagos Herrera y Mario Vargas.
