Tras cuatro meses de hostil encierro en el Penal de San Joaquín —marcado por traslados exprés a oscuras—, la abogada Patricia Alvarado buscará sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario. Ante el tribunal, alegará que la imputada por cohecho no representa un peligro para la sociedad debido a su definitiva remoción del Poder Judicial.
Una jornada clave y de alta tensión judicial se vivirá en los tribunales de la capital. Este jueves 4 de junio, la defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, desplegará una detallada estrategia para conseguir su salida de la cárcel de mujeres de San Joaquín, lugar donde se encuentra cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva desde hace poco más de cuatro meses, tras ser formalizada por los delitos de cohecho y lavado de activos.
La otrora influyente magistrada, detenida la noche del 25 de enero en su domicilio de Las Condes, busca dar un vuelco definitivo a su situación procesal en la audiencia de revisión de medidas cautelares. Su defensa, encabezada por la defensora penal pública Patricia Alvarado, apuesta firmemente a una rebaja de la cautelar, apuntando a conseguir el arresto domiciliario. Para lograrlo, pondrán sobre la mesa el complejo estado de salud de la abogada, peritajes psicosociales recientes y un definitivo distanciamiento de su círculo íntimo.
Traslado exprés a oscuras y fantasmas: El hostil paso por el módulo 7
El encierro de Vivanco en el penal de San Joaquín no ha estado exento de agudos momentos de tensión. El quiebre de la calma en su presidio ocurrió a mediados de febrero, cuando el ingreso de una adolescente imputada por homicidio al módulo 14 alteró drásticamente la convivencia. Las conductas de la menor provocaron que, durante la madrugada del 18 de febrero, la exjueza y sus dos compañeras de celda —procesadas por la emisión de licencias médicas irregulares— fueran trasladadas de manera exprés y a oscuras.
Cargando sus pertenencias en una carretilla, Vivanco fue redestinada al extenso y tétrico módulo 7, un espacio de dos pisos donde habitan completamente solas. En este lugar, según relatan los pocos amigos que la visitan los miércoles y sábados, la exministra del máximo tribunal del país ha debido enfrentar un complejo entorno acosado por comentarios de pasillo que advierten que «allí reinan los fantasmas», mientras intenta sobrellevar un encierro en celda individual que mantiene su salud bajo un constante deterioro.
La estrategia médica y legal: «No constituye un peligro para la sociedad»
El núcleo de la argumentación que presentará la defensa este jueves ante el tribunal se centrará en desarticular la tesis de que Vivanco representa un riesgo latente. La abogada Patricia Alvarado controvertirá la postura del Ministerio Público sosteniendo que, tras ser removida con éxito del Poder Judicial, no existe posibilidad alguna de reiteración de los ilícitos imputados. Asimismo, descartarán de plano que la imputada, de quedar en libertad, pretenda presionar o influir sobre eventuales testigos de la causa.
Paralelamente, el factor de salud será un pilar fundamental. La defensa denunciará que la exmagistrada padece una serie de patologías crónicas que no han recibido control médico adecuado desde su captura. Entre los antecedentes que causan alarma se expondrá que Vivanco no se ha chequeado de su diagnóstico de cáncer ni ha recibido ajustes de medicación para la diabetes, cuadro que la ha llevado a perder más de 10 kilos debido a una deficiente alimentación en el penal.
Para certificar el impacto de la cárcel, se adjuntarán los peritajes psicosociales y psicológicos liderados por la asistente social Cristina Pinto y el psicólogo Andrés Oyarce, quienes se entrevistaron con ella en las celdas de San Joaquín. En caso de que el tribunal acoja la solicitud y decrete el arresto domiciliario, Vivanco planea fijar su residencia en un departamento que le arrendará su exesposo y padre de su hija. De sufrir un revés, la orden inmediata de la exjueza es apelar de forma inmediata y, de ser necesario, recurrir de amparo.
Decepción y fin de la sociedad con Migueles: «Economías separadas»
Más allá de lo estrictamente procesal, la carpeta investigativa destapó una profunda fractura en la vida personal de la exautoridad judicial. Estando recluida en el módulo 7, Vivanco se enteró de que su pareja por años, Gonzalo Migueles, prestará declaración ante los fiscales del caso. Migueles es sindicado por el Ministerio Público como la pieza clave y el puente a través del cual la entonces ministra habría recibido los sobornos pagados por los abogados Eduardo Lagos Herrera y Mario Vargas para favorecer los intereses del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec.
Cercanos a la abogada confirman que el quiebre con Migueles es definitivo y que no han vuelto a hablar desde el día de su detención. Vivanco ha manifestado a su entorno sentirse «utilizada», asegurando que jamás imaginó que él usaba información judicial de las causas para recaudar dineros, y que no considera creíble que él viera esas millonarias transferencias como simples «regalos» de amigos.
Como prueba de esta disolución total, a inicios de abril se hizo entrega de la casa familiar que arrendaban en Las Condes, provocando que los hijos de ambos separaran rumbos de forma independiente. Ante esto, si la Fiscalía insiste en mantener el presidio basándose en el flujo de dineros del entramado, la defensa responderá con una postura tajante: el hogar de la pareja siempre se rigió bajo estrictas economías separadas, puesto que Migueles jamás le informó a la exjueza el verdadero y oscuro origen de los fondos que manejaba de manera autónoma.
