Una lapidaria auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) reveló graves fallas en los controles del INDAP durante el año 2024. El organismo detectó que fondos destinados a pequeños agricultores fueron a parar a manos de personas vinculadas a actividades ilícitas, con un alto patrimonio o fuera de los rangos de vulnerabilidad social, evidenciando una supervisión prácticamente inexistente.
El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) se encuentra en el ojo del huracán. El Informe Final N° 80 de 2026, emitido por la Contraloría General de la República, ha dejado al descubierto un sistema de asignación de créditos de fomento profundamente viciado, donde la falta de fiscalización permitió que recursos públicos terminaran beneficiando a personas que, lejos de ser pequeños agricultores en necesidad, incumplían gravemente los requisitos básicos.
El reporte, que analizó los movimientos de la Dirección Regional Metropolitana durante el ejercicio 2024, revela una serie de irregularidades que van desde la negligencia administrativa hasta la vinculación con delitos.
De la marihuana al lujo: beneficiarios que no debieron recibir nada
El hallazgo más alarmante del informe se relaciona con la seguridad y la legalidad de los beneficiarios. La auditoría verificó que el INDAP no realizó ninguna acción de fiscalización ante tres casos donde los usuarios registraban antecedentes vinculados a ilícitos en sus propios predios. Dos de estos beneficiarios cultivaban marihuana y un tercero estaba involucrado en la usurpación de aguas, situaciones que debieron ser una alerta roja inmediata para la institución.
Además de los nexos con actividades ilícitas, la Contraloría expuso un nivel de descontrol absoluto respecto al perfil socioeconómico de quienes recibieron los fondos:
- Patrimonio incompatible: Se detectaron 10 personas que poseen vehículos motorizados valorados en más de 3.500 UF (superando los $128 millones de pesos) y dos usuarios con un capital propio tributario por encima de dicho umbral.
- Ingresos no agrícolas: 16 beneficiarios, que recibieron un total de $51.950.000, obtuvieron los créditos pese a que su principal fuente de ingresos no proviene de la explotación agrícola, sino de honorarios, remuneraciones o arriendos, contraviniendo el espíritu de la ley.
- Tenencia ilegal de tierras: 23 individuos recibieron más de $62 millones sin acreditar una forma de tenencia legítima de sus predios, declarándose simplemente como «ocupantes» sin mayor respaldo.
Debilidades estructurales: Vulnerabilidad y falta de terreno
El Registro Social de Hogares, mecanismo clave para la asignación de beneficios, fue ignorado en múltiples ocasiones. Según el informe, ocho personas que recibieron $51 millones no cumplían con el requisito de vulnerabilidad (0% al 70%), mientras que un grupo masivo de 95 beneficiarios —que acapararon más de $503 millones— tenían una calificación socioeconómica superior al 70%, excluyéndolos técnicamente de cualquier ayuda de este tipo.
A esto se suma la obsolescencia de los registros: 481 créditos fueron otorgados a personas que fueron categorizadas como «pequeños agricultores» hace más de cinco años, sin que INDAP realizara el mínimo esfuerzo por actualizar o reevaluar su condición actual.
Supervisión deficiente: El abandono de las labores de campo
Quizás el dato más revelador sobre la desidia institucional es el nivel de fiscalización. La normativa interna de INDAP exige supervisar en terreno al menos el 10% de los créditos otorgados. Sin embargo, durante 2024, de un total de 566 créditos de corto plazo, la institución solo realizó 36 supervisiones, lo que equivale a un paupérrimo 6%.
Medidas urgentes de la Contraloría
Ante la magnitud de los hallazgos, la Contraloría no solo instruyó al INDAP a revisar cada uno de los casos observados y ajustar los pagos correspondientes, sino que también ordenó instruir un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios que permitieron que estos recursos se desviaran de su propósito.
Este escándalo pone en jaque la credibilidad del INDAP y levanta cuestionamientos sobre la eficacia del sistema de fomento agrícola, que en la práctica, terminó financiado el lujo y la ilegalidad mientras el apoyo destinado a la pequeña agricultura quedó en entredicho.
