Un exitoso operativo conjunto entre la Biro, la Bidema y la Fiscalía de Arica permitió desarticular a una peligrosa organización que operaba a un costado de Cerro Chuño. Los sujetos pretendían sacar el material hacia Bolivia y Perú a través del altiplano. En el lugar también se decomisaron drogas, cerca de 10 millones de pesos en efectivo y cientos de kilos de baterías en desuso, revelando el millonario negocio ilícito que afecta directamente los servicios básicos de la ciudad.
Un golpe letal al crimen organizado y al millonario mercado negro del contrabando de metales asestaron las autoridades policiales en la puerta norte del país. Un exhaustivo trabajo investigativo y de inteligencia, liderado por la Brigada Investigadora de Robos (Biro) y la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI de Arica, en estrecha coordinación con la Fiscalía Local, culminó con la histórica incautación de 28,5 toneladas de cobre robado que estaban a punto de ser sacadas del territorio nacional.
El masivo operativo policial, que se desplegó con un fuerte contingente en la ciudad, permitió desarticular una red criminal altamente organizada y dejó un saldo de cinco personas detenidas, quienes ya fueron puestas a disposición de la justicia para su respectiva formalización.
El acopio en Actima y el botín incautado
Las diligencias se concentraron en un inmueble utilizado como centro de acopio y base de operaciones, ubicado estratégicamente en el barrio industrial de Actima, a un costado del emblemático sector de Cerro Chuño. Al irrumpir en el recinto, los detectives se encontraron con un dantesco escenario logístico preparado para el contrabando a gran escala.
El jefe de la Región Policial de Arica y Parinacota de la PDI, prefecto inspector José Contreras Hernández, fue el encargado de entregar los pormenores de este duro golpe a la delincuencia. “Hoy tenemos que dar cuenta nuevamente de un proceso investigativo exitoso que dice relación con el combate directo al crimen organizado, particularmente a la sustracción de elementos vinculados al cobre”, señaló la máxima autoridad regional de la policía civil.
En el lugar, los efectivos policiales descubrieron las 28,5 toneladas de este material en distintos formatos, revelando que la banda no discriminaba su procedencia. Según detalló el prefecto inspector, el cargamento incluía desde cátodos y ánodos industriales, hasta cobre de uso domiciliario y vitales líneas de guías de alta tensión, elementos críticos para el suministro energético de la región.
Una estructura transnacional multifacética
El trabajo mancomunado con el Ministerio Público permitió establecer que detrás de este acopio operaba una aceitada estructura criminal compuesta por al menos cinco sujetos, de los cuales cuatro son de nacionalidad boliviana y uno de nacionalidad peruana. El objetivo final de la banda era claro: trasladar el cuantioso botín hacia el extranjero utilizando rutas clandestinas en el sector del altiplano, aprovechando el límite fronterizo con Bolivia y Perú.
Sin embargo, el robo de metales no era el único rubro de esta agrupación. El registro del inmueble y de los vehículos asociados demostró la versatilidad delictual de los imputados. “Además se incautó dinero en efectivo, alrededor de 9,8 millones de pesos que estaban en el interior de uno de los vehículos incautados”, precisó Contreras.
Junto con el dinero y 250 kilos de baterías en desuso, los oficiales de la PDI lograron incautar al interior del inmueble donde se encontraban los imputados 250 gramos de cannabis sativa (sumidades floridas). Este hallazgo, en palabras del jefe policial, «da cuenta de que es una estructura criminal que no solamente se dedica a la venta o a la sustracción de cobre», operando de manera paralela en la red del microtráfico de drogas.
El grave daño a la ciudadanía y el balance anual
Más allá de las impresionantes cifras de incautación y el millonario avalúo económico del contrabando frustrado, las autoridades hicieron especial hincapié en el impacto social que este tipo de delitos genera en la comunidad ariqueña.
El prefecto inspector Contreras relevó que “este cobre, más allá de la incautación, tiene directa relación con el daño que se le genera a la población, toda vez que los cortes de luz muchas veces tienen que ver con este tipo de eventos que afectan gravemente el funcionamiento de la ciudad”, recordando las constantes interrupciones del suministro eléctrico que sufren los vecinos a causa del robo de cables de alta tensión.
Finalmente, la PDI entregó un contundente balance respecto a la persecución de este flagelo durante el presente año. De acuerdo a las cifras oficiales, desde enero a la fecha se han realizado incautaciones y detenciones de estructuras criminales por un total que bordea las 56 toneladas de cobre, logrando poner tras las rejas a un número importante de individuos vinculados a este perjudicial ilícito transnacional.
